Techo de cristal judicial

Un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que a mayor jerarquía en el ámbito judicial menor es la cantidad de mujeres que desempeñan funciones en el mismo. En el caso del máximo tribunal, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, sus cuatro integrantes son varones

Además el Mapa de Género de la Justicia Argentina elaborado por la Oficina de la Mujer de la CSJ señaló que sólo un tercio de las mujeres son ministras, procuradoras generales o defensoras generales.

Respecto de la conformación de la Corte actualmente sus miembros son Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Aunque Martin Soria, ministro de Justicia, remarcó la intención del gobierno nacional de trabajar por la equidad de género en el sistema y la confirmación que el puesto de Nolasco será ocupado por una mujer, no hubo una postulación oficial por parte del oficialismo para nombrar un reemplazante del cargo vacante desde noviembre del año pasado.

Ante el cumplimiento del plazo legal para la designación, un grupo de organizaciones compuesto por Abofem Argentina, Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL hicieron llegar una carta al presidente  Alberto Fernández y en la misiva mencionaron al Jefe de Estado los problemas y efectos que esa demora causa en las instituciones

«La candidata no sólo debe ser una mujer idónea e independiente, también necesitamos una ministra formada y con una perspectiva en derechos».

«El 1 de noviembre del año pasado renunció Highton de Nolasco, la única ministra que había en la Corte. El Gobierno tenía 30 días para realizar una designación. Cumplido ese plazo presentamos una carta a fines del año pasado y, ante la falta de respuesta, otra en febrero. Está firmada por muchas organizaciones civiles exigiendo la presentación de la candidatura de una mujer con perspectiva de género», señaló Clara Lucarella, abogada del programa Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para ser juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia y/o procurador/a general de la Nación, es necesario ser argentina/o nativa/o, ser graduado en abogacía en una universidad nacional, haber ejercido 10 años la profesión y tener al  menos 30 de edad. La integración del máximo tribunal debe cumplir también con el Decreto Nacional 222/2003

«Y en este caso ser mujer con perspectiva de género. La candidata no sólo debe ser idónea e independiente, también necesitamos una ministra formada y con una perspectiva de derechos. No entendemos por qué la dilación en la postulación, son muchas las mujeres con esas condiciones», sostuvo Lucarella.

En carta, las organizaciones expresan que «el fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la Justicia».

No tan iguales

A nivel regional la representación femenina en los máximos tribunales de justicia alcanza solo al 31 por ciento. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema precisó que un 57 por ciento de mujeres componen el sistema judicial pero que esa participación decrece a medida que las posiciones son de mayor responsabilidad. Sólo el 45 por ciento son juezas o accedieron a cargos de procuradoras, fiscales o defensoras.

En los poderes judiciales provinciales hay un 64 por ciento de mujeres a nivel de funcionariado y la proporción se achica al 33 por ciento en los cargos de máxima autoridad.

El porcentaje disminuye todavía más para el caso de las máximas autoridades del sistema: un tercio de las mujeres son ministras, procuradoras generales o defensoras generales. En relación al 2020, el mapa muestra un incremente de un punto porcentual en la participación de las mujeres en el nivel de magistradas mientras que se mantuvo estable en las posiciones de las máximas autoridades.

El informe muestra que el “techo de cristal” aparece cuando en los concursos para  cargos en la magistratura o al nivel máximo de autoridad. La proporción de mujeres camaristas es del 25 por ciento, en cargos de magistratura (incluyendo camaristas) fue del 31 por ciento, una proporción que se sostiene desde hace 11 años.

En los poderes judiciales provinciales el panorama es parecido: hay un 64 por ciento de mujeres a nivel de funcionariado y la proporción baja al 45 por ciento al nivel de magistratura, lllegando al 33 por ciento en los cargos de máxima autoridad.

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