CABA: es ley la educación obligatoria desde los 3 años
La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la obligatoriedad de la educación inicial desde los 3 años y estableció medidas para ampliar la oferta gratuita desde los 45 días. En la misma sesión, modificó la normativa sobre vehículos abandonados y dio media sanción a un régimen para regularizar clubes de barrio y asociaciones civiles.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la obligatoriedad de la educación inicial desde los 3 años, una medida que busca garantizar el acceso a las salas de esa edad y ampliar la oferta educativa pública y gratuita para la primera infancia. La iniciativa recibió el respaldo de todos los bloques parlamentarios durante la sesión ordinaria del 3 de septiembre de 2026. En el mismo encuentro, el cuerpo legislativo sancionó cambios en la regulación de vehículos abandonados y aprobó en primera lectura un régimen excepcional para regularizar la situación administrativa de clubes de barrio y asociaciones civiles.
Educación inicial: obligatoriedad desde los 3 años y más vacantes
La nueva norma establece la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años y promueve la universalización y gratuidad de la oferta educativa desde los 45 días de vida. También contempla la expansión de las Escuelas Infantiles en el territorio porteño, con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso a la educación durante los primeros años.
El proyecto distingue dos conceptos centrales: la obligatoriedad y la universalización. La primera supone que el Estado y las familias deben garantizar la asistencia escolar desde la sala de 3 años. La segunda apunta a que todas las familias que soliciten una vacante en la educación pública puedan acceder a ella.
En ese marco, las Escuelas Infantiles podrán recibir a niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años. La ampliación de esta red busca acercar los establecimientos educativos a distintos barrios y reducir las brechas territoriales y sociales que condicionan el acceso a la educación inicial.
La implementación de la medida plantea el desafío de contar con suficientes vacantes, infraestructura y recursos para responder a la demanda. La garantía efectiva del derecho a la educación dependerá de que la ampliación de la oferta acompañe la obligatoriedad establecida por la norma.
Vehículos abandonados: nuevos destinos para los automotores
Durante la misma sesión, la Legislatura aprobó, con 36 votos afirmativos, 14 negativos y 2 abstenciones, modificaciones a la Ley 342, que regula el tratamiento de vehículos abandonados, deteriorados o inmovilizados en la vía pública cuando representan riesgos para la salud, la seguridad pública o el ambiente.
La reforma habilita a la autoridad de aplicación a determinar el destino de los automotores cuyos plazos de reclamo hayan vencido. Además de los procedimientos de descontaminación, desguace y compactación, incorpora la posibilidad de asignar determinadas unidades al uso de organismos públicos.
El nuevo artículo 6° bis establece que la autoridad competente podrá evaluar, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, si corresponde reutilizar un vehículo o tratarlo como residuo. Los automotores que se encuentren en condiciones de funcionamiento podrían incorporarse a flotas oficiales y colaborar con tareas vinculadas al Sistema Integral de Seguridad Pública.
En cambio, las unidades que no sean aptas para su reutilización quedarán sujetas a procesos de descontaminación, desguace o compactación. La descontaminación incluye el retiro de baterías y fluidos; el desguace permite recuperar componentes aprovechables, mientras que la compactación transforma el vehículo en chatarra.
La reforma también actualiza el artículo 6° para contemplar los casos en los que un automotor pudiera haber sido extraviado y no abandonado. Para esas situaciones, establece la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, en reemplazo de la referencia al antiguo Código Civil.
Asimismo, la normativa prioriza la posibilidad de entregar vehículos o piezas descontaminadas a establecimientos educativos, de investigación, práctica o docencia que hayan presentado solicitudes previas.
Clubes de barrio y asociaciones civiles: un régimen excepcional
El tercer proyecto aprobado durante la sesión propone un régimen excepcional para que clubes de barrio y asociaciones civiles puedan regularizar su situación administrativa. La iniciativa obtuvo aprobación en primera lectura, por lo que deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley definitiva.
El régimen contempla la condonación de deudas, multas, recargos e intereses derivados de incumplimientos formales o de obras realizadas sin habilitación, siempre que no existan infracciones relacionadas con la seguridad o la salubridad.
Podrán acceder las entidades que acrediten al menos diez años de actividad, no desarrollen explotación comercial o profesional y no estén categorizadas como grandes contribuyentes ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
La propuesta incorpora un Certificado Transitorio de Regularización Administrativa y Funcionamiento, con una vigencia de hasta 360 días y posibilidad de una prórroga. Durante ese período, las entidades alcanzadas quedarían protegidas frente a clausuras y ejecuciones mientras avanzan en un plan de adecuación.
El texto también prevé que, si la autoridad de aplicación no responde dentro de los 60 días hábiles, la entidad quede comprendida automáticamente en los beneficios del régimen. La Agencia Gubernamental de Control conservará facultades para inspeccionar, solicitar documentación y revocar el certificado ante la presentación de datos falsos, riesgos estructurales o deficiencias graves en materia de prevención de incendios.
Las tres iniciativas abordan distintas áreas de la gestión porteña: el acceso a la educación durante la primera infancia, el tratamiento de vehículos que permanecen abandonados en la vía pública y la regularización administrativa de organizaciones comunitarias.
En materia educativa, el principal desafío será traducir la obligatoriedad desde los 3 años en una oferta suficiente de vacantes y establecimientos. En el caso de los automotores, la aplicación de los nuevos procedimientos deberá determinar qué unidades pueden reutilizarse y cuáles requieren tratamiento como residuos.
Para los clubes de barrio y las asociaciones civiles, el avance legislativo abre una instancia de regularización, aunque el proyecto todavía debe completar el trámite necesario para su aprobación definitiva. Su alcance dependerá de los requisitos de acceso, los controles previstos y la capacidad de las entidades para cumplir con los planes de adecuación.
La sesión dejó así tres decisiones legislativas con efectos potenciales sobre las familias, el espacio público y las instituciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires.
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