El Consejo de la Magistratura participó del Foro de Gobierno Abierto sobre Lenguaje Claro

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires participó de un encuentro que reunió a representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. La iniciativa busca mejorar la comprensión de las comunicaciones oficiales y garantizar el derecho de la ciudadanía a entender la información pública.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires participó del Foro de Gobierno Abierto sobre Lenguaje Claro, realizado el miércoles 28 de octubre en la sede del Gobierno porteño, ubicada en la calle Uspallata. El encuentro reunió a representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo con el objetivo de avanzar en una comunicación estatal más accesible, sencilla y comprensible para toda la ciudadanía.

La actividad se desarrolló en el marco del Foro de Gobierno Abierto (FOGA), un espacio de trabajo participativo y colaborativo que promueve la articulación entre el Estado y la sociedad civil. Durante la jornada, se analizaron distintas herramientas para mejorar la redacción de documentos oficiales y facilitar el acceso de las personas a la información pública.

El encuentro fue convocado por la Dirección General de Acceso a la Información y Gobierno Abierto y coorganizado por la Red de Lenguaje Claro. La apertura estuvo a cargo de Tamara Laznik, directora general del área, quien presentó a las autoridades responsables de las políticas de Lenguaje Claro en los distintos poderes del Estado porteño.

Participaron Gisela Candarle, secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; María Eugenia Villa, directora de Bibliotecas de la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura porteña; y Mariana Kamin, secretaria de Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria permitió compartir experiencias institucionales y poner en común los avances realizados en cada ámbito para simplificar la comunicación pública. El objetivo central fue identificar las dificultades que enfrentan los ciudadanos al momento de interpretar documentos, disposiciones y comunicaciones emitidas por organismos estatales.

Durante su exposición, Gisela Candarle destacó la importancia de incorporar a los ciudadanos en el proceso de revisión de las comunicaciones oficiales. En ese sentido, valoró la metodología de trabajo propuesta por el Foro de Gobierno Abierto, que permitió someter documentos institucionales a la evaluación directa de sus destinatarios.

La funcionaria consideró que se trata de una experiencia significativa para el Poder Judicial, al señalar que fue «la primera vez de puesta a prueba un documento directamente con la ciudadanía para buscar la mejor forma de clarificar la comunicación como Poder Judicial».

Candarle también hizo hincapié en las dificultades que genera el lenguaje jurídico cuando no resulta accesible para quienes no tienen formación en esa materia. Al respecto, advirtió que el contacto con una comunicación judicial suele producir temor y distancia entre las personas, debido al desconocimiento de los términos y procedimientos utilizados.

«Si estamos frente a una comunicación judicial, es porque hay un conflicto y vamos a necesitar el patrocinio de un abogado, que debe indicarnos estrategias para seguir y no el significado de lo dicho», sostuvo.

Sus declaraciones pusieron de relieve una cuestión central: la necesidad de que las instituciones judiciales utilicen un lenguaje que permita comprender con claridad las decisiones, notificaciones y procedimientos, sin trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de interpretar expresiones técnicas.

Por su parte, Tamara Laznik explicó que el Lenguaje Claro no constituye solamente una herramienta de redacción, sino también una forma de garantizar el derecho de las personas a comprender la información que reciben del Estado.

«El Lenguaje Claro se basa en el derecho a comprender y es una forma de comunicar clara, directa y accesible, que permite a las personas comprender lo que lee o escucha de una sola vez», afirmó durante la presentación.

La directora general también detalló los principales criterios que orientan esta política: evitar tecnicismos innecesarios, utilizar oraciones cortas, transmitir un mensaje por vez y priorizar las necesidades de quien recibe la comunicación.

En esa línea, sostuvo que el propósito es garantizar que las comunicaciones estatales sean claras y sencillas, poniendo el foco en las personas que leen o escuchan los mensajes y no exclusivamente en quienes los elaboran.

Este enfoque adquiere especial relevancia en una sociedad en la que el acceso a la información pública constituye una condición fundamental para el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Uno de los aspectos centrales del Foro fue la evaluación de documentos elaborados por los tres poderes del Estado porteño. Para ello, se distribuyeron comunicaciones institucionales entre distintos grupos de ciudadanos, con el propósito de conocer sus dificultades de comprensión y obtener conclusiones sobre su accesibilidad.

La metodología permitió incorporar la perspectiva de los destinatarios reales de la información y detectar posibles obstáculos en la interpretación de los textos oficiales.

La iniciativa representa un paso hacia una administración pública más transparente y cercana, en la que la claridad de la comunicación deje de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en una responsabilidad institucional.

El desafío planteado por el Foro de Gobierno Abierto consiste ahora en transformar esas experiencias en prácticas sostenidas, capaces de mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía. La articulación entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo aparece, en ese sentido, como una herramienta clave para consolidar políticas comunes de Lenguaje Claro en la Ciudad de Buenos Aires.

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