Diputados aprobó una nueva ley de discapacidad con amplio consenso
Con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, la cobertura de salud y el sistema de prestaciones. El oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por la oposición y dejó sin efecto los principales recortes previstos en el Presupuesto 2027. La iniciativa será debatida ahora en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de discapacidad con una amplia mayoría parlamentaria, en una sesión que concluyó después de una extensa jornada de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y establece un marco permanente para el sistema de protección de las personas con discapacidad, en reemplazo de la emergencia vigente, que vence a fin de año. La iniciativa mantiene las pensiones no contributivas, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el nomenclador universal de prestaciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Un acuerdo político que modificó la propuesta original del Gobierno
El resultado de la votación fue consecuencia de casi dos meses de negociaciones parlamentarias, impulsadas inicialmente por la oposición y las organizaciones vinculadas al colectivo de personas con discapacidad, que reclamaban garantizar la continuidad de los derechos reconocidos por la legislación vigente.
El oficialismo buscaba reemplazar la Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente que permitiera cerrar esa etapa excepcional. Sin embargo, las conversaciones se complicaron cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporaba importantes modificaciones al sistema de prestaciones y pensiones.
Entre las medidas previstas figuraban la eliminación del Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a la pensión, la incompatibilidad absoluta entre el beneficio y el empleo formal y la derogación del nomenclador único de prestaciones. También se proponía modificar los criterios para determinar la invalidez laboral.
La iniciativa generó fuertes cuestionamientos de la oposición y de las organizaciones del sector. Frente al riesgo de una derrota legislativa, el Gobierno aceptó retirar esos cambios y avanzar en un texto consensuado con los bloques aliados y opositores.
Qué establece el proyecto aprobado en Diputados
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto también preserva el Certificado Único de Discapacidad como instrumento fundamental para acreditar la condición de discapacidad y acceder a los beneficios correspondientes.
Otro aspecto relevante es la actualización de las prestaciones y la continuidad de un nomenclador universal con aranceles unificados. De esta manera, se busca evitar que las obras sociales, empresas de medicina prepaga o jurisdicciones provinciales establezcan valores diferenciados que afecten la cobertura y la calidad de los servicios.
El proyecto también contempla la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Las personas con discapacidad podrán conservar el beneficio mientras trabajen o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, se incorporaron garantías de cobertura sanitaria para los titulares de pensiones no contributivas, mediante el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 y el Programa Incluir Salud.
En materia de financiamiento, el texto establece partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y prevé que el Tesoro nacional deba cubrir eventuales insuficiencias. También incorpora una garantía para evitar que el ingreso de los beneficiarios pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías, controles y deudas con los prestadores
La nueva propuesta mantiene mecanismos de fiscalización sobre el sistema de pensiones. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el intercambio de información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El proyecto contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio cuando se detecten incumplimientos objetivos. Sin embargo, establece garantías de debido proceso, con notificación a los titulares, derecho a defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria de las prestaciones.
Otro capítulo importante es el referido a las deudas con los prestadores de servicios de discapacidad. Si al momento de la sanción de la ley existen obligaciones pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar las cancelaciones en un plazo máximo de 90 días.
Este punto fue uno de los aspectos que generó mayores diferencias durante el debate. De hecho, los diputados de izquierda decidieron abstenerse al considerar insuficiente la respuesta sobre la actualización y cancelación de las deudas acumuladas.
Un amplio respaldo opositor y el próximo paso en el Senado
El proyecto recibió el acompañamiento de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales. La principal excepción estuvo representada por diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, que votaron en contra al cuestionar la participación de las organizaciones del sector en la elaboración de la iniciativa.
Durante el debate, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición no contaba con los votos necesarios para imponer una prórroga de la emergencia y explicó que las modificaciones fueron producto del diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad.
En la misma línea, Victoria Tolosa Paz destacó la incorporación de garantías sanitarias, la protección de las asignaciones familiares, la compatibilidad con el empleo formal y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y control.
Por el oficialismo, Laura Rodríguez Machado defendió el acuerdo y sostuvo que la sensibilidad social no es incompatible con la responsabilidad fiscal.
La aprobación por 237 votos representa un respaldo político significativo y deja al Gobierno frente a un escenario legislativo muy diferente del planteado originalmente en el Presupuesto 2027. La iniciativa pasa ahora al Senado, donde deberá completar el trámite parlamentario para convertirse en ley.
El resultado de Diputados también refleja el peso de las organizaciones de personas con discapacidad en la discusión pública y la capacidad de los bloques opositores para introducir modificaciones en una negociación que terminó reconfigurando la propuesta oficial.
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