Río Tercero, 30 años después: la ciudad que no dejó de exigir verdad y reparación

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A tres décadas del estallido en la Fábrica Militar de Río Tercero, la ciudad cordobesa vuelve a recordar uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. Las víctimas, sus familias y organizaciones sociales mantienen viva la memoria y exigen verdad completa, reparación integral y políticas públicas que eviten que algo así vuelva a ocurrir.

Cada 3 de noviembre, Río Tercero se detiene. Las sirenas, los nombres, los actos en la plaza y en el predio de la ex Fábrica Militar recuerdan un hecho que marcó a fuego la historia argentina reciente. Aquella mañana de 1995, a las 8:55, una serie de detonaciones sacudió la planta de Fabricaciones Militares y arrasó con gran parte de la ciudad. Murieron siete personas, más de 300 resultaron heridas y miles de viviendas y comercios fueron destruidos.

Las imágenes de entonces —el hongo de humo, las calles cubiertas de escombros, los vidrios rotos y el terror de los vecinos huyendo— aún persisten en la memoria colectiva. Lo que en un principio pareció un accidente, pronto reveló una trama mucho más compleja.

De la hipótesis del accidente a la verdad judicial

Durante años, la investigación judicial osciló entre versiones contradictorias. Sin embargo, las pericias técnicas y contables confirmaron que las explosiones fueron intencionales. En 2014, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba condenó a cuatro ex directivos y oficiales de Fabricaciones Militares —Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto— por estrago doloso seguido de muerte.

La sentencia sostuvo que el objetivo fue eliminar evidencias del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, una de las operaciones más oscuras del gobierno de los años noventa.

No obstante, la causa que investigaba la responsabilidad política del entonces presidente Carlos Menem fue finalmente archivada. La Justicia argumentó falta de pruebas, pero para las víctimas el cierre de esa parte del expediente dejó una sensación de impunidad que todavía pesa sobre la memoria colectiva.

Reparación y heridas que no cicatrizan

A lo largo de tres décadas, los tribunales federales reconocieron la responsabilidad del Estado en los daños causados y ordenaron indemnizaciones. Sin embargo, muchas familias denuncian demoras, montos insuficientes y falta de acompañamiento psicológico y social.

Estudios académicos realizados en la Universidad Nacional de Córdoba registraron altos niveles de estrés postraumático, ansiedad y sensación de inseguridad entre los habitantes de los barrios más afectados. En algunos sectores, la contaminación y los restos de material explosivo persistieron durante años, dificultando la reconstrucción.

Memoria activa y reclamo permanente

Cada aniversario es una cita con la memoria. En el centro de Río Tercero y en el predio de la ex fábrica, familiares de las víctimas, organizaciones sociales y autoridades locales renuevan los reclamos: verdad completa, reparación integral y políticas de prevención.

“Río Tercero no olvida porque todavía no hay justicia plena”, repiten los vecinos en cada acto. La consigna resume un sentimiento compartido: la tragedia fue más que un hecho local; fue una muestra de los límites del control civil sobre la industria militar y de la necesidad de transparencia en la gestión pública.

Un símbolo nacional

Treinta años después, el caso Río Tercero se mantiene como un símbolo de la lucha contra la impunidad estatal y la defensa de los derechos humanos. Las condenas judiciales representaron un paso importante, pero no cerraron la herida.

Para Córdoba y para el país, la historia de Río Tercero sigue siendo una advertencia: sin verdad ni reparación, la memoria se convierte en deuda.