Súper RIGI: Diputados aprobó beneficios por 30 años para megainversiones

29 de junio de 2026 4 lectura mínima

El Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y avanza hacia el Senado con un régimen que promete beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante tres décadas para proyectos de al menos USD 1.000 millones. La iniciativa busca atraer grandes capitales, aunque genera cuestionamientos por el escaso alcance para las empresas argentinas.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Súper RIGI, un nuevo régimen destinado a incentivar inversiones de gran escala en sectores estratégicos mediante un paquete de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional ahora deberá ser debatida en el Senado y ya abrió un intenso debate entre oficialismo, oposición y representantes del sector empresario por el alcance de los beneficios y el impacto que podría tener sobre la economía argentina.

El proyecto establece que podrán acceder al régimen únicamente aquellas inversiones que superen los USD 1.000 millones y que comprometan al menos el 20% del desembolso durante los dos primeros años de ejecución.

Cada emprendimiento deberá constituirse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura societaria creada exclusivamente para desarrollar la inversión. El esquema incluso habilita la participación de sociedades constituidas en el exterior, un aspecto que busca facilitar el ingreso de capitales internacionales.

Según la argumentación oficial, el objetivo es captar inversiones en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país, especialmente en sectores donde Argentina aún tiene escasa presencia o proyectos en etapa incipiente.

Beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros

El Súper RIGI amplía significativamente los incentivos previstos en el régimen original y garantiza estabilidad normativa durante 30 años, uno de los aspectos centrales de la propuesta.

Entre los principales beneficios previstos se destacan:

Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%.
Gravamen del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Eliminación inmediata de los derechos de exportación.
Exención total de aranceles para importaciones vinculadas a los proyectos.
Libre disponibilidad progresiva de divisas, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.
Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevas relaciones laborales.

Además, el proyecto contempla estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y en materia de seguridad social durante tres décadas, ofreciendo previsibilidad a los inversores frente a eventuales modificaciones normativas.

Otro de los puntos más relevantes establece la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales para resolver controversias con el Estado argentino, una herramienta habitual en grandes inversiones internacionales pero que también genera fuertes reparos entre especialistas y sectores políticos.

Críticas: el debate sobre el impacto en las empresas argentinas

Si bien el Gobierno sostiene que el régimen permitirá desarrollar industrias vinculadas a la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital, distintos sectores cuestionan que el esquema esté diseñado casi exclusivamente para grandes corporaciones internacionales.

El piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones deja fuera a la inmensa mayoría del empresariado nacional, incluyendo compañías de gran porte que no alcanzan esa escala de inversión.

A ello se suma que el proyecto excluye expresamente iniciativas destinadas a ampliar, modernizar o reconvertir plantas industriales ya existentes, limitando el acceso únicamente a nuevos emprendimientos.

Desde distintos sectores empresariales sostienen que la propuesta prioriza la llegada de grandes capitales extranjeros, mientras ofrece escasos incentivos para fortalecer la estructura productiva ya instalada en el país.

El impacto en las provincias y los próximos pasos legislativos

Otro aspecto sensible del proyecto involucra a las provincias que decidan adherir al régimen.

La iniciativa establece compromisos de estabilidad fiscal y fija límites a la carga tributaria local. Entre ellos, dispone que el impuesto sobre Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% para las inversiones alcanzadas por el régimen y restringe la aplicación de diversos tributos provinciales sobre actos y contratos relacionados con los proyectos.

Este punto también abrió un debate sobre el margen de autonomía tributaria de las jurisdicciones y el equilibrio entre la necesidad de atraer inversiones y la preservación de los recursos fiscales provinciales.

Tras obtener media sanción en Diputados, el Súper RIGI deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley. Su discusión promete convertirse en uno de los debates económicos más relevantes de las próximas semanas por el alcance de los incentivos propuestos y sus posibles efectos sobre la competitividad, la inversión extranjera y el desarrollo del sector productivo nacional.