Tras el fin de las moratorias, el 80% de las mujeres no podrá jubilarse con 60 años

La expansión de los trabajos informales y la caída de los salarios marcan las trayectorias laborales de una porción cada vez más significativa de la población y agudizan el deterioro del régimen de reparto que administra la ANSES.

El fin de la última moratoria abre un interrogante fundamental sobre el sistema previsional y su crisis de financiamiento. El debate pendiente es complejo porque, si bien este dispositivo permite ampliar el acceso a una jubilación a las personas que no lograron cumplir con los 30 años de aportes, plantea un problema de sustentabilidad y equidad, que se refleja directamente en el aumento de beneficiarios y en el deterioro de los haberes jubilatorios.

Las diversas transformaciones que se vienen produciendo en el mercado de trabajo hacen cada vez más profunda la crisis de financiamiento y sostenibilidad del sistema previsional. Mayor informalidad, escasa creación de empleos formales (concentrados, a su vez, en puestos ocupados por hombres), la irrupción del “fenómeno del trabajador pobre” (los empelados informales tienen entre tres y cuatro veces más altas probabilidades de ser pobres en comparación con los formales) y las persistentes dificultades estructurales para la inserción laboral de los jóvenes son algunas de las características que definen el nuevo escenario del mundo laboral.

El panorama actual del ámbito del trabajo convirtió progresivamente el requisito de cumplir con los 30 años de aportes en una situación cada vez menos frecuente. Es en este escenario donde las moratorias irrumpen como solución excepcional que si, por un lado amplían el acceso y los derechos de las personas que no pudieron cumplir con los requisitos, por otro, producen una situación de desfinanciamiento crónico del sistema previsional.

A partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por Fundación Éforo a ANSES, se hizo un análisis sobre la cantidad de años de aportes que efectivamente concretaron los beneficiarios de las moratorias. Esta información brindada por ANSES permite evaluar la equidad y sustentabilidad financiera del sistema previsional. Además de ser un dato clave en el debate político pendiente, las diferencias en la cantidad de años de aportes efectivos al momento de acceder a la jubilación mediante una moratoria tienen implicancias para los beneficiarios, para el nivel de ingreso del haber jubilatorio y para las cuentas fiscales de la Administración Pública Nacional.

Las moratorias en datos

El 62% de los beneficiarios de moratorias debió regularizar más de 20 años de aportes, lo que indica que, al momento de acogerse al régimen, no contaban con más de 10 años de contribuciones al sistema previsional. Solo al 4% de los beneficiarios por moratorias les faltaba completar menos de cinco años de aportes. En términos absolutos, más de 2.200.000 beneficiarios por moratorias contaban con menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y solo 140.000 tenían más de 25 años.

Porcentaje de años regularizados mediante moratorias.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de ANSES.

Un jubilado que trabajó formalmente durante la mayor parte de su vida laboral y solo necesitó regularizar unos pocos años de aportes a través de la moratoria contribuyó de manera sostenida al sistema previsional, generando recursos que fueron utilizados para financiar las jubilaciones del momento (por tratarse de un sistema de reparto). En estos casos, la moratoria actúa como un mecanismo complementario que permite cubrir brechas contributivas esporádicas debido a períodos de desempleo, informalidad o interrupciones en la vida laboral.

Por su parte, aquellos beneficiarios que accedieron a la jubilación regularizando más de 25 años de aportes e incluso aquellos que no contaban con más de 10 años de contribuciones, presentan una situación distinta. Aquí, las moratorias significan directamente el acceso a la jubilación para quienes de otro modo quedarían excluidos de los beneficios de la previsión social y de ingresos en la vejez.

Este fenómeno es el reflejo de los problemas que enfrenta el empleo en Argentina, donde la informalidad y la intermitencia laboral impiden que amplios sectores de la población puedan completar una trayectoria contributiva suficiente para acceder a una jubilación sin necesidad de recurrir a esquemas de regularización. En Argentina, prácticamente 5 de cada 10 empleos no están registrados. Por más que parezcan temas separados e independientes, la informalidad laboral constituye el principal desafío para la seguridad social.

La expansión de los empleos informales, la intermitencia, la rotación, el desempleo y, también, los bajos salarios son rasgos que definen la situación crítica del mundo del trabajo y son, además, los factores que explican el problema de financiamiento.

La previsión social y el mundo del trabajo: dos caras del mismo problema

El sostenido descenso de los jubilados sin moratoria, que pasaron de 2.900.000 en 2004 a 2.400.000 en 2024, muestra que la renovación natural del padrón previsional tiende a incorporar cada vez menos aportantes plenos. Por otro lado, la cantidad de jubilados con moratoria creció significativamente desde 2007, cuando comenzó la primera regularización masiva, y se aceleró a partir de 2023 con la aplicación de la Ley 27.705.

La eliminación de este régimen en 2025 podría generar una fuerte caída en las nuevas jubilaciones, dejando a una mayor cantidad de personas con acceso únicamente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de una jubilación mínima, actualmente en un piso histórico de $285.820. Es decir que equivaldría, aproximadamente, a $228.656. Este sería el monto que recibirán todas las personas que no hayan logrado los 30 años de aportes. Además, se agrega otro requisito para acceder a la PUAM: la pensión está dirigida a las personas mayores de 65 años.

Hacia fines de 2024, el sistema contaba con 2.400.000 beneficiarios sin moratoria, 3.600.000 con moratoria y cerca de 200.000 beneficiarios de la PUAM. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI.

La suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes en el futuro inmediato. Las trayectorias laborales de las mujeres se caracterizan por estar más fragmentadas y marcadas por una mayor intermitencia, desempleo, menores salarios y mayores niveles de informalidad respecto a los hombres.

Estructuralmente, las trayectorias laborales de las mujeres presentan un desarrollo marcado por más informalidad, intermitencia, bajos salarios y desempleo que las de los varones. Por ello, las principales beneficiarias de las moratorias fueron las mujeres que no lograron cumplir con los 30 años de aportes. Con el fin de las moratorias, se establece de hecho el aumento de la edad de los 60 a los 65 años de las mujeres para acceder a un beneficio previsional.

En un contexto en el que las moratorias previsionales son parte de un debate sobre la sostenibilidad y la equidad, es necesario evaluar la adecuación, articulación y armonización del esquema previsional actual a las características del mercado laboral, en el cual una proporción significativa de trabajadores desarrolla su actividad en condiciones de informalidad o precariedad.

La precarización e informalización de gran parte de los puestos de trabajo dificultan la acumulación de años de aportes suficientes para acceder a una jubilación sin necesidad de moratorias y afectan la sustentabilidad financiera, así como la equitatividad distributiva del propio sistema previsional.

Fuente: elauditor.info