Nuevo amparo judicial para frenar la privatización de Nucleoeléctrica: crece la presión sobre el Gobierno
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Campana y se suma al amparo impulsado días atrás por la diputada Gabriela Estévez. El reclamo apunta a frenar la transferencia accionaria de una empresa estatal rentable, clave en la producción de energía nuclear del país.
El debate por la posible privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) sumó este jueves un nuevo capítulo. Fernando Emanuel Martínez, concejal de Exaltación de la Cruz, presentó un segundo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, con el fin de impedir la venta del 44% de la compañía estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida vuelve a poner bajo la lupa la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con el Decreto 695/2025, que habilita la privatización parcial de una de las empresas energéticas más estratégicas del país. El escrito judicial sostiene la inconstitucionalidad del decreto y alerta sobre el impacto que podría tener esta venta en la soberanía energética.
Según resalta la presentación, NA-SA es una compañía altamente rentable: sólo en el primer trimestre de 2025 obtuvo 17 millones de dólares de ganancias, lo que contradice —de acuerdo al amparo— el argumento oficial de desprenderse de empresas públicas deficitarias.
“Una decisión política sin justificación técnica”
El documento presentado por Martínez es categórico:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados”, afirma.
El amparo también solicita una medida cautelar urgente para suspender cualquier proceso de “licitación, oferta o transferencia de acciones”, con el objetivo de congelar el escenario hasta que la Justicia se expida.
El concejal advierte que incluso una privatización parcial podría derivar en aumentos tarifarios y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear:
“Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, señala el escrito.
Un frente judicial que se expande
El nuevo planteo se suma al amparo presentado previamente por la diputada de Unión por la Patria (UxP), Gabriela Estévez, que también pide la nulidad del decreto y de la resolución del Ministerio de Economía que habilita el proceso de venta. Ese expediente tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.
Martínez concluye su presentación con una definición que resume el espíritu del reclamo:
“Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”.
Mientras tanto, la polémica por el futuro de NA-SA continúa escalando, y todo indica que será la Justicia quien tendrá la última palabra.
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