POLÍTICA

Inteligencia artificial en el Poder Judicial: debate y desafíos

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La inteligencia artificial en el Poder Judicial fue el eje de una capacitación en la Ciudad de Buenos Aires, donde especialistas analizaron sus desafíos éticos, regulatorios y operativos. El encuentro reunió a magistrados, académicos y funcionarios.

La inteligencia artificial en el Poder Judicial fue el tema central de una capacitación realizada el jueves 26 de abril en la Sala de Plenario “Dr. Enzo Pagani” de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionarios, jueces y especialistas debatieron sobre los desafíos que plantea su implementación, con foco en la ética, la regulación y el impacto en el sistema judicial.

La actividad se enmarca dentro de un esquema de capacitaciones impulsado por el Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial, orientado a preparar al sistema judicial frente a los avances tecnológicos.

El encuentro abordó particularmente la relación entre la gobernanza de internet y la inteligencia artificial en el ámbito judicial, un campo en crecimiento que exige marcos normativos y criterios claros para su aplicación.

Participaron referentes del ámbito institucional, judicial y académico, entre ellos la secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero; el juez Pablo Casas; la funcionaria del Internet Governance Forum de Naciones Unidas, Celine Bal; y la investigadora María Pilar Llorens.

Durante la apertura, Genoveva Ferrero destacó el rol del Comité de IA en la creación de normativa vigente para el uso de estas tecnologías dentro del Poder Judicial. Subrayó que el enfoque adoptado se basa en principios éticos y en la necesidad de mantener siempre el control humano.

“En el Poder Judicial estamos convencidos de que la única vía para la implementación de la IA es bajo parámetros éticos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que los procesos judiciales no pueden estandarizarse completamente, ya que cada caso involucra realidades humanas diversas.

Por su parte, el juez Pablo Casas enfatizó la importancia de articular el trabajo entre el sector judicial, la academia y la sociedad civil para garantizar un uso adecuado de estas herramientas. Según explicó, la inteligencia artificial avanza impulsada por la eficiencia, pero requiere una implementación responsable.

Casas también destacó el desarrollo de soluciones tecnológicas como AymurAI, orientadas a mejorar la toma de decisiones mediante el uso de datos de calidad, siempre bajo supervisión humana.

Desde una perspectiva internacional, Celine Bal advirtió que el Poder Judicial aún tiene una participación limitada en los debates globales sobre gobernanza digital, a pesar del creciente impacto de las tecnologías en los tribunales.

Señaló que temas como la responsabilidad de las plataformas, la moderación de contenidos y la protección de datos están cada vez más presentes en el ámbito judicial, lo que obliga a repensar el rol de los jueces en la era digital.

Bal remarcó la necesidad de generar espacios de intercambio estructurados entre el sistema judicial y expertos en tecnología, con el objetivo de fortalecer capacidades y promover decisiones basadas en evidencia.

En tanto, María Pilar Llorens puso el foco en los riesgos asociados al uso indebido de inteligencia artificial por parte de abogados y estudios jurídicos. Alertó que ya se registran casos de sanciones vinculadas a un uso inadecuado de estas herramientas, lo que también genera una sobrecarga en el sistema judicial.

Asimismo, subrayó la importancia del principio de transparencia, especialmente en la obligación de informar cuándo se utiliza inteligencia artificial en procesos legales. También advirtió sobre el riesgo de confiar excesivamente en las respuestas de estos sistemas.

El encuentro dejó en evidencia que la incorporación de inteligencia artificial en el Poder Judicial no es solo una cuestión tecnológica, sino también institucional y normativa.

Los especialistas coincidieron en que los marcos regulatorios actuales resultan insuficientes frente a la velocidad de los avances tecnológicos, por lo que será necesario avanzar hacia regulaciones más precisas y su articulación con los códigos procesales vigentes.

En este contexto, el desafío central será equilibrar innovación y garantías, asegurando que el uso de inteligencia artificial contribuya a mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer derechos fundamentales.

La capacitación forma parte de una agenda más amplia que busca consolidar capacidades dentro del Poder Judicial y promover un uso responsable, transparente y ético de la tecnología.