Reducen el financiamiento del Impuesto PAÍS al Fondo de Integración Socio Urbana
El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que Nación persigue la transparencia del Fondo de Integración Socio Urbana y de los fondos fiduciarios en general. Representan un gasto estimado en 2.000 millones de dólares.
El Gobierno nacional redujo este lunes de 5% a 1% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado en el Boletín Oficial.
En las últimas semanas, el Gobierno planteó la revisión de los fondos fiduciarios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó en la mañana del lunes que la reducción del financiamiento al FISU, así como la eliminación – también dispuesta hoy- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, permite «seguir eliminando las discrecionalidades».
«Esto va en línea con la convicción del Gobierno nacional de transparentar al Estado cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad», agregó el portavoz en su habitual conferencia de prensa.
Reducción de financiamiento para el FISU
La Ley 27.541 que creó el Impuesto País, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el PAMI, y el 30% restante en obras, turismo y vivienda.
De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.
El decreto de este lunes reduce el 30% del FISU a 1%, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura.
En términos absolutos sobre el 100% de la recaudación del Impuesto, el FISU pasó hoy de recibir el 9% total del impuesto al 0,3%
El fondo, creado en 2019 bajo la gestión de Mauricio Macri, era uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación, y se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Entre otras obras, se financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes.
Del mismo modo, comprende el programa Mi Pieza, destinado a financiar refacciones, mejoras o ampliaciones de las viviendas en estos barrios.
Según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, la Secretaría de Integración Socio Urbana había realizado con el fondo 1.276 obras de integración que alcanzaron 5.060 barrios populares y 117 obras de acceso al suelo para sectores populares.
En total, se alcanzaron 338.152 familias con las obras de integración, 255.570 con obras de vivienda y 23.565 con obras de acceso al suelo.
CONTRAPUNTO
«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada«, manifestó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los manejos de dicho fondo.
Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».
«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.
Del mismo modo, citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebatián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».
«Chau FISU. Chau a la ´cajita feliz´ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza«, celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.
La polémica
El fondo había sido motivo de controversia en las últimas semanas tras un cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el dirigente Juan Grabois.
«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada», manifestó Caputo la semana pasada sobre los manejos de dicho fondo.
Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».
«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.
Del mismo modo, manifestó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no vio irregularidades en el proceso administrativo y operativo de los proyectos financiados por el FISU y citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».
«Chau FISU. Chau a la ´cajita feliz´ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza», celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.
En sentido contrario, la exsecretaria de Integración Sociourbana durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Miño cuestionó la decisión y afirmó que es una «burla a los barrios populares».
«La operación berreta que hicieron algunos ´periodistas´ muy amigos del Gobierno, intentando ensuciar al FISU, tenía como objetivo decirle a la gente que están ajustando una ´caja de la política´ cuando lo que están haciendo es desfinanciar la obra pública en los barrios», manifestó en X.
La integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (TEP) señaló que «si querían controlar más» el Gobierno podía haber puesto «más controles».
«Pero no, lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente», señaló Miño y enfatizó que los barrios «necesitan más inversión y no menos».
PARA LOS CURAS VILLEROS ES UN «GOLPE MUY DURO»
Sacerdotes de barrios populares advirtieron que «no es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos» y calificaron como «un golpe muy duro» la decisión del Gobierno nacional de recortar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), programa que «beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores» y que «es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza».
«Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5.000 barrios populares de todo el país no puede decaer», indicaron los sacerdotes a través de un comunicado titulado «No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares».
Los denominados «curas villeros» remarcaron «bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás» y que no pueden «tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social».
«No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos», agregaron, al considerar que «una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados».
El texto fue respaldado por más de cincuenta curas de distintas partes de Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Corrientes y Tucumán, entre los que se destaca la firma del padre Lorenzo «Toto» De Vedia, de la Parroquia de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas.
«Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva», plantearon, y calificaron al FISU como «la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza».
Además, el grupo de sacerdotes también ponderó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió a «muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad».
«En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas», destacaron los curas.
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