Polémico megaproyecto salmonero en las Islas Malvinas

La posible instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas generó una fuerte controversia entre sus 3.500 habitantes.

Según informó The Guardian, vecinos impulsan un referéndum para definir el futuro del proyecto, que promete inversión y empleo pero también despierta temores por el impacto ambiental en uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico sur.

El proyecto de Unity Marine

La iniciativa está en manos de Unity Marine, sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El plan prevé criar 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones, lo que sería el mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago.

Una evaluación oficial estimó que producir 30.000 toneladas anuales podría sumar £35 millones (USD 48 millones) al PBI local, equivalente al 11% de la economía.

Además, se generarían 133 puestos de trabajo.

Objeciones ambientales

La organización Salmon Free Falklands cuestiona la calidad de la información disponible y denuncia que los informes se basan en datos aportados por la propia empresa. Entre las preocupaciones:

Posibles efectos de los desechos sobre bosques de algas y áreas de desove de calamar.

Impacto en especies locales como lobos marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.

Falta de estudios rigurosos sobre la capacidad de carga ambiental, es decir, cuántos peces puede soportar la zona sin alterar su equilibrio.

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor” y advirtió sobre la ausencia de un análisis de costo-beneficio. También señaló la falta de protocolos claros para eliminar peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios frecuentes en otras salmoneras.

Críticas legales y sociales

Tom Appleby, de la Blue Marine Foundation, consideró “extraordinario” que el gobierno presente informes sin datos primarios verificados de manera independiente.

Para los críticos, la consulta pública iniciada en agosto no ofrece garantías suficientes y debería reemplazarse por un referéndum vinculante.

La posición del gobierno

El Ejecutivo malvinense mantiene una postura de neutralidad. Un portavoz explicó que los estudios buscan alimentar la discusión pública y no aprobar un proyecto concreto.

Según la administración, los documentos sobre capacidad de carga y costos regulatorios son preliminares y no definen aún la viabilidad real de la salmonicultura.

Antecedentes judiciales

En 2022, las autoridades habían rechazado una granja de salmón, pero Unity Marine promovió una revisión judicial que anuló esa decisión y abrió el actual proceso de consulta.

El sector empresario, representado por James Wallace (Fortuna), defendió el camino adoptado y aseguró que la compañía no solicitó una licencia inmediata, sino que busca evaluar la viabilidad económica, social y ambiental.

El caso expone una disputa que combina economía, ambiente y legitimidad institucional en un territorio de escala reducida y alta sensibilidad ecológica.

La promesa de diversificar ingresos y crear empleo convive con el temor a que una actividad intensiva modifique de forma permanente el frente costero y afecte especies clave.

Con la consulta pública abierta hasta el 30 de octubre, el pedido de referéndum impulsado por Salmon Free Falklands busca trasladar la decisión final a los habitantes de las Islas Malvinas.

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