Las críticas al funcionamiento del Poder Judicial

En una entrevista en el programa Tendencias que conduce Pablo Galeano, el juez Julio Báez se refirió al malestar que suele expresar la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Báez, quien es juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 señaló que “la crítica bienintencionada es bienvenida pero aquella que busca inducir a los magistrados no se compadece con la democracia”
Pablo Galeano: ¿Cuáles son las razones que generan esta sensación de falta de confianza en el funcionamiento de la justicia, una mala imagen del Poder Judicial?
Julio Báez: Existe una sensación de enojo por parte de la población con el Poder Judicial y tiene algo de razón. La población tiene todo el derecho del mundo a estar enojada porque falencias hay y el servicio de justicia es remunerado por los contribuyentes y tienen el derecho a exigir una mejor calidad de servicio.
Esto no se condice con la labor que realizan la mayoría de los jueces de manera austera, silenciosa, lejos de las luces y el colorido de los casos mediáticos, donde día a día trabajan de manera austera y esforzada.
Desgraciadamente el Poder Judicial no tiene un canal de comunicación propio o si lo tiene es exiguo. Tal vez sería apropiado dar a transmitir la labor que día a día se realiza en los Tribunales. Hay una honestidad en la gran mayoría de los jueces y de los miembros del poder judicial en la labor que los convoca
PG: ¿Hasta dónde el papel de los medios está afectando negativamente la imagen del Poder Judicial? Desde el Poder Ejecutivo Nacional y otros poderes hacen mucho eje en el funcionamiento de la justicia ¿Esto daña institucionalmente a este Poder o es necesario que este análisis sea constante para que funcione bien?
JB: Es indudable la influencia que tienen los medios de comunicación sobre una sociedad. La vida en sociedad pasa por los medios, por las redes sociales, por toda la actividad de comunicación que hoy en día se ha multiplicado hasta el infinito.
El ataque al Poder Judicial, desde el lugar que sea, tiene dos aspectos. Uno es la crítica constructiva que apunta a un mejoramiento de un servicio que los ciudadanos remuneran con sus impuestos. Esa crítica, de afuera del Poder Judicial, para el mejoramiento del sistema bienvenida sea.
La crítica que tiende a diezmar la actuación de un poder independiente para que no avance en determinadas pesquisas o que no llegue al resultado que un individuo o un grupo creen apropiado, no solo no es legítima, también es infundada y no se compadece con un modelo de democracia.
Las críticas que se hacen para enderezar tal o cual causa o para inducir a que los magistrados resuelvan de una manera, con determinados intereses o a las expectativas de un individuo o un grupo de personas no se compadecen con el mandato que viene de la Constitución Nacional.
Todos debemos respetar las normas, los procesos, las decisiones judiciales aunque no se compartan. Si no se está de acuerdo con determinada resolución existen mecanismos de articulación para pedir sus revisiones tanto en tribunales nacionales, superiores, como en tribunales internacionales.
La propia ley establece mecanismos de revisión ante instancias superiores, ante la propia Corte Suprema y ante tribunales internacionales que muchas veces han aplicado sanciones a la Argentina por no respetar los marcos convencionales a los que se ha adherido.
PG: Uno de los grandes problemas que ha tenido la justicia argentina en los últimos tiempos ha sido la falta de jueces. Esto hace que algunos juzgados colapsen porque tienen que tomar causas y esto los excede en capacidad de personal ¿Cómo está ese problema ahora?
JB: El propio presidente de la Corte Suprema ha manifestado su preocupación por la cantidad de vacantes pendientes y de juzgados que quedan por cubrir. Esto conspira contra un buen servicio de justicia porque ante un juzgado vacante tiene que activarse el sistema de subrogancias y eso afecta la calidad del sistema. Lo ideal sería que en un tiempo prudente se cubra la vacante con un procedimiento que está establecido en la Constitución.
Los jueces tenemos que pasar por el filtro del Consejo mediante concurso de exámenes y antecedentes donde hay jueces, legisladores, representantes del Ejecutivo y académicos. Ahí se confecciona una terna vinculante de los que Presidente elige. Y ahí se necesita la conformidad del Senado para que el juez ingrese en funciones.
Un juez no es nombrado producto de un aquelarre, sino que es un proceso constitucional en el que interviene la comunidad por medio de sus representantes según lo establecido en la Constitución.
PG: ¿Entonces no tiene sentido el planteo de que los jueces deberían ser elegidos por voto popular?
JB: No digo que no tenga sentido. En algunos distritos de EEUU los jueces son elegidos mediante votación. No está bien ni mal, es una forma distinta a la que prevé nuestra Constitución. Si se quiere elección directa de los jueces hay que hacer una reforma constitucional, introducir esta fórmula y se modifica la forma de elección de los integrantes de un poder del Estado.
PG: La pregunta que se hace el ciudadano es si el sistema es bueno o si sería mejor la elección directa
JB: Es una cuestión de gustos. Manifestar que sistema es mejor que otro es una cuestión valorativa y si uno se inclina por uno o por otro puede generar razonamientos arbitrarios o que tengan consensos en determinados tramos y disensos en otros. Por ahora se estableció esta forma de selección de los jueces y debemos respetarla.
PG: Lo que está en discusión es la forma en que se hace justicia o cómo se desarrollan los procesos en cuanto a la oralidad ¿Se está avanzando en este sentido?
JB: Desde 1993 el juicio oral en todas las provincias es de práctica común. Es una posibilidad que tiene la ciudadanía de confrontar y de asistir a las audiencias públicas y ejercer un control externo.
Hay propuestas para que esta oralidad se amplíe a juicios civiles, comerciales y laborales. Hay que esperar lo que sancione el Congreso y le dé una forma definitiva a la posibilidad de ampliar los juicios a la materia civil y comercial.
Lo que es una es una deuda de la democracia a nivel nacional y federal es el juicio por jurados en materia penal. Es inexplicable que a más de 25 años de sancionada la Constitución Nacional no exista una norma que establezca el instituto del juicio por jurados como tienen la gran mayoría de las provincias. Es necesaria la participación popular en materia de administración de justicia. La gente está plenamente capacitada para cumplir la función de jurado. Así como puede votar, tranquilamente puede ser jurado.
PG: ¿Por qué el Poder Legislativo no avanza en esta materia?
JB: Desconozco por qué no se avanza a nivel federal, la mayoría de las provincias tienen juicios por jurados. Espero que se sancione una norma que reglamente una prescripción constitucional que es el juicio por jurado. Está consagrado en la constitución y hay que instrumentarlo.