La Auditoría detectó compras injustificadas y estrategias poco eficientes en el Ministerio de Seguridad

Entre 2016 y 2019, el Ministerio de Seguridad llevó a cabo una serie de contrataciones irregulares de bienes y servicios con el Estado de Israel, según reveló un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El documento, aprobado en noviembre de 2024, expuso que la cartera de Seguridad “se apartó de la normativa vigente” al realizar adquisiciones mediante convenios con el Ministerio de Defensa de Israel, “sin justificar esta irregularidad”.

Entre los casos más graves, la AGN destacó el importe adjudicado para la vigilancia de cruces fronterizos, que “quintuplicó lo estimado sin explicaciones”, y la compra de vehículos aéreos no tripulados “inoperables en el país”. Asimismo, la adquisición de cuatro lanchas patrulleras careció de adecuación a la normativa, evidenciando “falta de transparencia y razonabilidad en los procesos”.

Por otro lado, el organismo de control observó que el Ministerio mostró deficiencias en su planificación estratégica y operativa, lo que “obstaculizó la definición de objetivos claros y la evaluación efectiva de su impacto”.

El Ministerio de Seguridad firmó cuatro convenios con el Estado de Israel para la adquisición de equipamiento por un total de más de USD87 millones.

Dentro de las irregularidades halladas por la AGN se destaca la contradicción de la resolución que regula el uso de armas de fuego, ya que “no se ajusta a estándares nacionales e internacionales y afecta su correcta aplicación”.

En el caso del uso de armas electrónicas no letales, se observó una “capacitación deficiente y únicamente teórica para las fuerzas, incumpliendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Por otro lado, el Programa Servicio Cívico Voluntario en Valores, gestionado por la Gendarmería Nacional, evidenció graves falencias en su diseño, ejecución y financiamiento, junto con “objetivos poco claros y plazos incumplidos”.

De acuerdo a la información publicada por la Auditoría, el Programa Ofensores en Trenes, destinado a identificar a personas con antecedentes judiciales, mostró una falta de planificación, transparencia y efectividad, ya que apenas el 0,22% de los ciudadanos identificados tenía antecedentes, cuestionando su implementación.

Israel, tecnología y sobrecostos

Entre 2016 y 2019, período auditado, el Ministerio de Seguridad firmó cuatro convenios con el Estado de Israel para la adquisición de equipamiento por un total de más de USD 87 millones, “apartándose de la normativa vigente sobre compras y contrataciones del Estado, sin ninguna justificación”.

Entre las compras se incluyen cuatro lanchas patrulleras por 49 millones de dólares, sistemas de vigilancia fronteriza por 35 millones de dólares, armas y capacitación por 591 mil dólares, y sistemas de ciberinteligencia por 2,45 millones de dólares.

La Auditoría detectó que “el costo de los sistemas de vigilancia quintuplicó el valor estimado por Gendarmería Nacional, sin justificación documentada”. Estas adquisiciones, enmarcadas en un Memorando de Entendimiento de 2011, buscaban modernizar el control fronterizo en el norte del país.

La AGN detectó que “el costo de los sistemas de vigilancia quintuplicó el valor estimado por Gendarmería Nacional, sin justificación documentada”.

Ambigüedades en la regulación de armas

El organismo de control observó que la Resolución MSG 956/2018, que regula el uso de armas de fuego por las Fuerzas Federales, “presenta serias inconsistencias al no ajustarse completamente a las normas nacionales, como la Ley de Seguridad Interior, ni a los estándares internacionales establecidos por la ONU”.

Aunque promueve principios como la protección de la dignidad humana y el uso excepcional de la fuerza letal, “su redacción genera ambigüedades que dificultan la correcta interpretación y aplicación”. Además, no se encontraron fundamentos ni análisis técnicos previos que justificaran la modificación de la normativa vigente, lo que cuestiona la legitimidad del cambio.

Sin fuego, sin formación

Por su parte, la Resolución MSG 395/2019, que regula el uso de armas electrónicas no letales, “carece de fundamentos concluyentes que respalden su implementación”, según lo indicó el órgano de control.

Además, la capacitación brindada al personal de las Fuerzas Federales fue “limitada”, exclusivamente teórica y restringida a la Policía Federal, sin formación práctica efectiva. Según estándares de la ONU, una capacitación adecuada y completa es esencial para garantizar el uso correcto y oportuno de estas herramientas como alternativa a las armas de fuego, objetivo que no se cumplió en este caso.

Deficiencias en el Programa Servicio Cívico

El Programa Servicio Cívico Voluntario en Valores, implementado por la Gendarmería Nacional en 2019, presentó “serias deficiencias en su diseño, planificación y ejecución”, de acuerdo al informe de auditoría aprobado en noviembre de 2024. La iniciativa consistía en la capacitación y formación de jóvenes de entre 16 y 20 años de edad, que se inscriban voluntariamente, en valores democráticos y republicanos, el compromiso comunitario.

Desde el organismo de control señalaron que la elección de Gendarmería como ejecutor del programa no estuvo justificada, y “los objetivos del programa fueron enunciados de manera vaga y contradictoria”. La capacitación de los responsables fue “insuficiente”, y los talleres no cumplieron con los plazos ni contenidos previstos.

Además, la experiencia piloto, limitada a 73 días, “careció de metodología clara para la selección de participantes y sedes”. Finalmente, el programa se financió con el presupuesto de Gendarmería, en lugar de asignarle recursos específicos.

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