Google bajo sospecha por escuchas: acuerdo judicial por USD 68 millones por el uso del asistente de voz

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Google, la empresa tecnológica controlada por Alphabet, alcanzó un acuerdo por 68 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva vinculada al funcionamiento de su asistente de voz en teléfonos inteligentes. El reclamo judicial se basó en presuntas grabaciones de conversaciones privadas realizadas sin el consentimiento de los usuarios.

El acuerdo preliminar fue presentado ante el United States District Court for the Northern District of California, con sede en San José, y quedó sujeto a la aprobación de la jueza federal Beth Labson Freeman, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente judicial.

La acción fue impulsada por personas usuarias de dispositivos móviles que sostuvieron que Google Assistant se activó de manera involuntaria y registró diálogos privados. Según la demanda, esas grabaciones se produjeron sin autorización previa y fuera de los supuestos previstos por la configuración del sistema.

De acuerdo con el planteo judicial, los audios captados por el asistente habrían sido utilizados dentro del sistema de publicidad segmentada de la compañía, lo que implicaría una vulneración de las normas de privacidad y de la legislación sobre protección de datos personales.

Google Assistant está diseñado para activarse únicamente cuando detecta comandos específicos como “Hey Google” u “Okay Google”. Sin embargo, los demandantes señalaron que el sistema interpretó expresiones comunes del lenguaje cotidiano como palabras clave, provocando activaciones no intencionales. Este comportamiento fue descripto en el expediente como “activaciones falsas”.

El acuerdo alcanzaría a las personas que adquirieron dispositivos Google o estuvieron expuestas a activaciones erróneas del asistente de voz desde el 18 de mayo de 2016. El fondo total comprometido asciende a 68 millones de dólares, que será distribuido entre los integrantes de la demanda colectiva, una vez deducidos los honorarios legales y los gastos del proceso.

En los términos de la conciliación, Google no reconoció responsabilidad ni admitió haber incumplido la normativa vigente. La resolución del conflicto se presentó como una alternativa para evitar la continuidad del litigio y la incertidumbre asociada a un proceso judicial prolongado.

El expediente continúa en trámite y, una vez que el tribunal apruebe el acuerdo preliminar, se habilitará un plazo para que las personas alcanzadas puedan formular objeciones o solicitar su exclusión, conforme al procedimiento habitual en este tipo de causas colectivas.