Ficción vs. Realidad. Hacia un nuevo acuerdo social

Por Miriam Juaiek *

El pasado 20 de diciembre se publicó el Decreto DNU 70/2023, que entiendo es un avasallamiento a nuestro sistema democrático, que nos impone, entre otras cuestiones, un sistema de libre mercado.

Las leyes, son acuerdos sociales, que construimos a lo largo de nuestra historia, a través de los diferentes mecanismos que nos propone el sistema democrático y que rigen nuestra vida cotidiana. Es cierto que estos mecanismos, pueden ser imperfectos y lentos, ante una sociedad que se manifiesta cada vez más dinámica y cambiante. Sin embargo esto no puede ser resuelto con decretos autoritarios, que imponen reglas, que nos alejan aún más, de nuestras realidades.

El decreto mencionado, establece una desregulación total del comercio, e impone un sistema económico de libre mercado, sin que mediare debate alguno y omitiendo la existencia de millones de trabajadores y familias que viven fuera de la lógica del mercado, en muchos casos, a pesar de su anhelo y esfuerzo por participar. Además, muchos han encontrado en la economía social y popular un alternativa de vida.

Cuando pensamos en la economía, la pensamos ajena a nuestra vida cotidiana, siendo los profesionales especializados en la disciplina, entrenados en entender las leyes de la naturaleza y de los hombres, los únicos capacitados de pensar, opinar y decirnos cómo debemos llevar adelante nuestra economía, la de nuestro país, la del mundo. Cuáles son y cuáles deberán ser los principios económicos, universales, que regirán nuestra vida. Esta visión de la economía, que ha sido hegemónica durante los últimos siglos, presenta al mercado como la única institución eficiente de organización social. Pero, ¿qué características tiene este mercado?, ¿qué lo constituye en la forma más eficaz de organización social, y capaz de ser aplicable en cualquier tiempo y lugar? Pues el mercado, pensado por los economistas defensores de la llamada “economía de mercado”, se define como un sistema natural de autorregulación social, a través de un mecanismo de fijación precios determinados mediante la libre competencia entre los agentes económicos, regidos por la ley de la oferta y demanda. De esta manera, las prácticas e instituciones sociales, quedan subsumidas al mercado y responden a su lógica y principios, y sólo aquellos individuos que respeten las reglas del mercado, no serán excluidos del sistema.

Ahora bien, qué sucedería si comenzamos a pensar esta teoría económica en términos históricos, y aun más, si la llevamos a nuestra vida de todos los días, ¿podremos verificar estas premisas? Ciertamente, no.

La historia implica construcción social, cambio, y son los procesos históricos los que determinan los sistemas económicos. Cuando profundizamos en estos procesos, advertimos la complejidad de las estrategias socioeconómicas adoptadas por las diferentes sociedades. Aun en los sistemas regidos por las reglas del mercado, se realizan muchas actividades, indispensables para satisfacer nuestras necesidades y sostener una vida digna, que no responden a la lógica del mercado. Un claro ejemplo, es el cuidado familiar que conlleva el trabajo doméstico, o el trabajo comunitario y popular, basado en los principios de la solidaridad, reciprocidad y cooperación. Actividades que resuelven muchas de nuestras necesidades cotidianas y permiten la subsistencia de millones de personas excluidas del mercado de trabajo, aún a pesar de respetar sus reglas.

En este entramado, el Estado juega un rol fundamental en el sostenimiento del sistema económico. Siempre el Estado está “presente”, por acción u omisión.

Está presente, desregulando el mercado, tal como se propone en el decreto del actual Poder Ejecutivo, que promueve y asegura un sistema de libre mercado, sin considerar, que esa libertad,  profundizará la desigualdad social hoy existente, creará nuevas y restituirá aquellas socialmente suprimidas.

También está presente, en los términos que establece nuestra Constitución Nacional que claramente entra en conflicto con el mencionado decreto, puesto que propone un Estado que garantiza la igualdad de derechos, protegiendo el trabajo, asegurando condiciones dignas y equitativas para todo trabajador, protegiendo el ambiente, protegiendo la salud, la educación, la seguridad, y asegurando relaciones de consumo dignas y equitativas. Estos son solo algunos de los tantos derechos que promueve y garantiza nuestra carta constitucional, que este pueblo libre supo conseguir y sostener.

Ficción vs. realidad

En este punto se hace necesario expresar, que el mercado libre, el mercado de manual, nunca existió, y aquellas experiencias de la periferia que más cerca han estado de procesos de baja regulación estatal, con leyes que fomentan la actividad privada y empresarial, han sufrido un alto porcentaje de exclusión social. El mercado es una ficción, del genero terror, excluye a millones de personas, negándoles la posibilidad de tener una vida digna, mata a sus niños de hambre, destruye los recursos naturales, el mercado, sin regulación alguna, es la alternativa de la destrucción.

No es casual entonces que todas las medidas propuestas por el Decreto DNU 70/2023, atenten contra todas aquellas instituciones que garantizan los derechos de quienes no somos “hombres de bien” sino “personas de vida”, negando la Economía Social y Popular, la que se centra en la realidad, en “la vida” y no en los bienes, la que pone en evidencia la ficción propuesta por el mercado.

La Economía Social y Popular no es una utopía, un imposible, sino una realidad verificable en las prácticas que subsisten aun dentro de un sistema regido por la lógica utilitarista que defiende la libertad individual e irresponsable, por sobre la vida de las personas y la naturaleza. La Economía Social y Popular es tan real, como la vida misma.

Hacia un nuevo acuerdo social

Tenemos un gran desafío por delante, escucharnos, comunicarnos, conocernos, respetarnos desarmar la ficción ante lo real, y aprender de nuestros errores, para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y representativa.

* Miriam Juaiek es Contadora Pública especializada en Economía Social, docente e investigadora.

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