El gasto estatal en programas sociales

Un tema que suele generar discusiones a nivel político y social es cuánto dinero destina el Estado a los planes sociales, cómo se pagan estos beneficios y a cuántas personas alcanza. Al respecto la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe en el que se señala que en lo que va del 2022 el Ejecutivo destinó más de 4 mil quinientos millones de pesos en prestaciones sociales.

Desde 2007 los fondos utilizados para la protección social vienen en constante aumento. Como ejemplo se puede mencionar que en el Potenciar Trabajo están registrados 1.300.000 beneficiarios, pero hay muchos otros programas en funcionamiento. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se anunció una auditoría que será realizada por universidades nacionales para dotar de más transparencia la administración de los recursos y regularizar la distribución de los mismos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó que en lo que va del año el Ejecutivo destinó 4.571 millones de pesos en programas de asistencia social de los que 3.025 millones fueron para jubilaciones y pensiones, 506.552 millones fueron a asignaciones familiares, 233.206 millones al plan Potenciar Trabajo, 179.061 millones se aplicaron a políticas alimentarias y 50.982 millones de pesos para las Becas Progresar.

Comparado con el año pasado los ingresos totales disminuyeron un 0,4 por ciento real mientras que el gasto se incrementó un 7,7 por ciento. En los primeros siete meses de 2022 hubo un déficit primario a nivel nacional de 1.538  millones de pesos, lo que implica un alza del 71,0 por ciento respecto al mismo período del año anterior.

Personas con varios beneficios

Por su parte la Fundación Éforo, una entidad que promueve el control ciudadano de la gestión pública, analizó la información disponible  sobre las transferencias monetarias en el marco de programas sociales vigentes en Argentina. El estudio se focaliza en los años 2007, 2009, 2015, 2019 (fines de períodos presidenciales) y 2020 (último año del que se disponen datos de cierre anual). En Argentina, el gasto en seguridad social sube de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno, concluye el trabajo.

También se detectó que el aumento de los fondos dedicados a la seguridad social es menor que el número de personas beneficiadas. Esto significa que una misma persona es beneficiar de más de un programa social lo que compensa el bajo valor monetario real de estas transferencias. El Estado argentino destina la mitad de su presupuesto en la seguridad social.

Las becas y ayudas sociales pasaron de representar el 0,8 por ciento del PBI (2007) al 4,2 por ciento (2020). A su vez se otorgaron 23 millones de beneficios (2020) entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Salario Social Complementario (SSC), los programas Hacemos Futuro y Progresar, y a partir de la pandemia por COVID-19, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, que representa un 0,4 por ciento del PBI y otorga 540.000 beneficios. Esta categoría se convirtió en 2020, en el segundo componente de la seguridad social con más recursos asignados. En 2007 representaba el 0,8 por ciento del PBI (2007) y en 2020 llegó al 4,2 por ciento y también se otorgaron 23 millones de beneficios (2020), 16.7 millones más que en 2007, un alza del 265 por ciento.

Entre 2019 y 2020, el porcentaje de recursos asignados aumentó un 33 por ciento, pero la cantidad de beneficios otorgados aumentó un 48 por ciento, lo que representa un desajuste entre los recursos del estado y las políticas de seguridad social.

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