No es Maduro: es el orden internacional lo que está en juego

Por Sergio Díaz

El bombardeo de Estados Unidos sobre territorio venezolano constituye una violación directa del principio central del derecho internacional contemporáneo: la prohibición del uso de la fuerza. No se trata de una discusión retórica ni de una diferencia interpretativa. Salvo en casos estrictos de legítima defensa ante un ataque armado o por mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la acción militar contra otro Estado está prohibida. Ninguna de esas condiciones se verifica en este caso.

El foco no debe colocarse en la figura del gobierno venezolano ni en la naturaleza autoritaria del régimen. El derecho internacional no funciona como un tribunal moral que habilita intervenciones según la simpatía o el rechazo que despierte un gobierno. Su función es limitar el poder de los Estados más fuertes y evitar que la fuerza militar se convierta en un instrumento disponible para imponer decisiones políticas unilaterales.

La acción estadounidense rompe ese límite. Introduce la idea de que un Estado puede decidir, por fuera de cualquier marco colectivo, cuándo otro gobierno debe ser removido por la fuerza. Ese criterio no tiene sustento jurídico. Tampoco tiene respaldo en la Carta de las Naciones Unidas ni en la práctica internacional consolidada. Aceptarlo implica vaciar de contenido el principio de soberanía y convertirlo en una concesión condicionada al poder militar.

El problema central no es Nicolás Maduro. El problema es el precedente que se establece. Cuando se naturaliza el uso de la fuerza para provocar cambios de gobierno, se abre un terreno sin reglas claras. Hoy el argumento puede ser la caída de un régimen autoritario; mañana, la corrección de un proceso electoral, la protección de intereses estratégicos o una definición amplia y discrecional de seguridad. El derecho internacional fue construido precisamente para evitar ese deslizamiento.

La experiencia histórica demuestra que la remoción violenta de una autoridad no equivale a una transición democrática. En Venezuela, el poder no se agota en la presidencia. Existe una estructura compleja que incluye conducción política, mandos militares, redes económicas y dispositivos de control social. Alterar solo el vértice sin desarmar ese entramado no genera institucionalidad, sino reacomodamientos internos con nuevos conflictos.

Además, el control ejercido durante años no se limitó al Estado formal. Alcanzó la economía cotidiana, el acceso a bienes básicos, el empleo, los medios de comunicación y los mecanismos administrativos. Ese tipo de captura no se desactiva por una acción militar externa. Pretender que un bombardeo puede resolver un proceso de esa magnitud es desconocer cómo funcionan las sociedades atravesadas por sistemas prolongados de coerción y dependencia.

Una transición real exige condiciones que la intervención armada no crea: reglas claras, procesos judiciales concentrados en los máximos responsables, mecanismos de verdad para las víctimas y garantías que permitan desactivar el aparato de poder sin empujar al país a una espiral de violencia. La sustitución de un liderazgo sin ese marco no es reconstrucción institucional, es incertidumbre.

El impacto de esta acción excede a Venezuela. En América Latina se reinstala una lógica que la región conoce bien: la idea de que el uso de la fuerza externa puede ser un mecanismo legítimo de corrección política. Ese camino tuvo consecuencias graves en el pasado y debilita cualquier arquitectura regional basada en normas y no en poder.

Por eso, el silencio o la ambigüedad frente al bombardeo estadounidense no son opciones aceptables. Desde el derecho internacional, desde la ética pública y desde una lectura racional del orden global, la intervención es indefendible. No existe justificación válida que permita avalarla ni relativizarla. Lo que está en juego no es un gobierno, sino la vigencia de las reglas que evitan que el mundo funcione según la ley del más fuerte.

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