La Rioja insiste en la Corte Suprema para que defina si el DNU es inconstitucional
El pedido es que se «declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable».
El gobierno de La Rioja solicitó a la Corte Suprema de Justicia que falle sobre la constitucionalidad o no del DNU 70/2023 de la gestión de Javier Milei, en base a que ya se cumplieron todas las medidas que ordenó el máximo tribunal.
El pedido de pronto despacho de la provincia gobernada por Ricardo Quintela ingresó este martes a última hora con la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra.
En poco más de una carilla, Zaffaroni y Ferreyra resumieron el recorrido del amparo solicitado en el área de juicio originarios de la Corte, en donde la máxima instancia legal del país interviene en los conflictos entre Nación y Provincias.
«Se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal», señalaron los abogados en el escrito que enumera el dictamen a favor de la intervención de la Corte del procurador Eduardo Casal y la notificación y posterior respuesta de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.
La Rioja insistió en la presentación, que no tiene efectos legales ya que la Corte Suprema no tiene plazos, en que «declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable».
El mismo día en que fue presentado el amparo, el 27 de diciembre pasado, la Corte armó un expediente y corrió traslado al Procurador, lo que fue interpretado como un gesto favorable a la petición.
No obstante, en la misma resolución, al Corte aclaró que lo trataría recién después de la feria de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el decreto y decida si lo avala o lo rechaza.
El llamado «mega DNU» desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.
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