La captura como cierre político, no como solución

La captura de un jefe de Estado que ya no controla efectivamente el poder plantea una pregunta que no es jurídica ni moral, sino funcional: para qué sirve remover físicamente a una figura que no gobierna, no ordena el aparato estatal y no garantiza lealtades reales. En el caso de Nicolás Maduro, la respuesta no pasa por la administración cotidiana del país ni por la legitimidad política, sino por una lógica recurrente en la historia contemporánea: cerrar un ciclo desde afuera cuando ya no puede cerrarse desde adentro.

En regímenes degradados o fragmentados, los líderes no siempre gobiernan. Sin embargo, siguen cumpliendo una función residual. No dirigen, pero retrasan definiciones. No ordenan, pero sostienen la ambigüedad. En ese punto, su permanencia deja de ser estabilizadora y se vuelve obstructiva.

Incluso sin control real, un jefe de Estado puede conservar tres roles mínimos: representar la continuidad formal del régimen, mantener abierta una eventual salida negociada y permitir a los actores internos postergar decisiones estructurales. Mientras esa figura permanece en el territorio, el sistema puede seguir funcionando en suspensión. Las fuerzas armadas no se reordenan del todo, las redes económicas no redefinen alianzas y los actores externos siguen negociando sobre una base reversible.

La remoción física del líder no resuelve el conflicto, pero rompe ese estado de espera. No reorganiza el poder, pero obliga a que el poder se manifieste sin intermediarios.

La historia reciente ofrece varios casos donde el líder ya no gobernaba, pero aun así fue capturado o eliminado. En 1989, Manuel Noriega ya no controlaba Panamá. Estados Unidos tenía superioridad militar total y el régimen estaba aislado. Sin embargo, el objetivo no fue solo desplazarlo, sino capturarlo y trasladarlo. La operación sirvió para personalizar la intervención y cerrar cualquier salida futura que lo mantuviera como actor residual. El juicio y la prisión transformaron al ex jefe de Estado en un caso judicial, no en un referente político. El efecto no fue reconstruir el país, sino terminar una etapa sin zonas grises.

En Irak, tras la invasión de 2003, Saddam Hussein ya no gobernaba. El Estado estaba desmantelado. Aun así, su captura fue presentada como central. El objetivo fue simbólico y político: impedir que el antiguo régimen pudiera reaparecer como relato o como expectativa. La ejecución cerró definitivamente esa posibilidad, pero dejó expuesto un vacío estructural que ningún actor estaba preparado para ocupar.

En Serbia, Slobodan Milošević ya había sido desplazado cuando fue extraditado. Su captura no buscó terminar con un gobierno, sino condicionar una transición. La entrega al tribunal internacional permitió a las nuevas autoridades cerrar el pasado en clave judicial y avanzar en la reinserción internacional. El líder dejó de ser un factor político activo y pasó a ser un expediente.

En Libia, Muammar Gaddafi había perdido control territorial cuando fue capturado y ejecutado. A diferencia de otros casos, no existía una estructura alternativa capaz de absorber el poder. La eliminación del líder suprimió el último elemento de cohesión mínima y el país entró en una fragmentación prolongada.

En todos los casos, el líder ya no gobernaba plenamente. Sin embargo, su remoción cumplió funciones concretas: cancelar salidas intermedias, forzar definiciones inmediatas, impedir retornos simbólicos y controlar el relato del final. No se trató de gobernabilidad ni de eficiencia estatal, sino de acelerar procesos que, de otro modo, quedarían congelados.

Venezuela llega a este punto como un Estado sin centro operativo. Desde hace años funciona como una superposición de capas: una capa formal de instituciones y elecciones; una capa coercitiva de fuerzas armadas, servicios y grupos armados; una capa económica informal basada en minería ilegal, narcotráfico, contrabando y economías de frontera; y una capa externa atravesada por sanciones, licencias y mediaciones parciales. Maduro no ordenaba estas capas. Permitía que coexistieran sin resolverse. Su presencia sostenía una ficción de continuidad.

Las Fuerzas Armadas venezolanas operan como un sistema fragmentado, con autonomías territoriales y económicas. La figura presidencial ya no ejercía conducción real, pero evitaba que las disputas internas se expresaran abiertamente. Sin ese vértice, la jerarquía formal pierde peso frente al control efectivo, las lealtades se redefinen por recursos y la disciplina se reemplaza por acuerdos locales. No se trata de un quiebre abrupto, sino de una normalización de la autonomía armada.

La economía venezolana ya no gira en torno al Estado. Funciona a través de redes informales que atraviesan al Estado sin integrarse a él. Minería ilegal, narcotráfico, contrabando de combustibles, comercio fronterizo irregular y remesas sostienen el funcionamiento cotidiano del país. Maduro no gestionaba ese sistema. Operaba como interlocutor externo. Su salida no interrumpe los flujos, pero los desacopla aún más de cualquier intento de reconstrucción institucional futura.

Los actores externos coinciden en un punto: ninguno quiere administrar Venezuela, pero ninguno está dispuesto a perder influencia. La captura de Maduro simplifica el tablero diplomático, pero no asigna conducción. Se consolida un esquema donde se bloquean escenarios no deseados, se tolera la fragmentación y se administra el conflicto a baja intensidad. Este equilibrio no resuelve el problema, pero tampoco permite su colapso.

En este marco, la captura de un líder que ya no gobierna no sirve para ordenar el país ni para gobernar mejor. Sirve para cerrar el pasado sin permitir que se prolongue, para obligar a los actores reales a operar sin intermediación y para controlar la forma en que termina un ciclo, aun cuando el siguiente no esté definido. En Venezuela, la remoción de Maduro no crea el vacío. Lo expone. Al desaparecer la figura que permitía administrar esa indefinición, los actores internos y externos dejan de moverse en un escenario reversible y pasan a operar sobre hechos consumados.

No se trata de una transición clásica ni de un reemplazo inmediato del poder. Lo que queda en primer plano es un sistema que ya funcionaba sin centro, con poderes parciales, economías autónomas y mediaciones externas que condicionan sin asumir conducción. Es sobre esa dinámica —más que sobre calendarios electorales o reconocimientos formales— donde empieza a desplegarse el escenario real.

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Redacción

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