Indignación y despidos en la ANDIS tras una resolución que discrimina a personas con discapacidad
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Un escándalo de gran magnitud sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, tras la publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. En el anexo del documento, se utilizaron términos obsoletos y peyorativos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar distintos grados de discapacidad, lo que desató una ola de repudios y derivó en el despido de la funcionaria responsable de la normativa.
La medida, que definía criterios médicos para determinar la invalidez laboral de quienes perciben pensiones no contributivas, generó el inmediato rechazo de organizaciones de derechos humanos y de defensa de las personas con discapacidad. Siete entidades, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un reclamo administrativo exigiendo la derogación urgente de la resolución, por considerarla violatoria de derechos fundamentales.
«No hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les proporcionan los apoyos adecuados», afirmó la abogada Agostina Quiroz, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ. Además, subrayó que el documento refuerza estereotipos negativos que perpetúan la discriminación.
Un retroceso en el reconocimiento de derechos
Las críticas apuntaron también al modelo médico que sustenta la resolución, el cual ha sido ampliamente superado por el modelo social de la discapacidad. Este último entiende que las barreras no están en las personas sino en el entorno y en la sociedad, que deben transformarse para garantizar la inclusión plena.
«El hecho de que el Estado continúe utilizando estos términos genera graves daños no solo a las personas con discapacidad y sus familias, sino también a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva», advirtió Quiroz.
La reacción oficial
El rechazo a la resolución creció rápidamente en la opinión pública y en diversos sectores políticos, lo que obligó a la ANDIS a tomar medidas urgentes. La funcionaria responsable de la normativa fue apartada de su cargo, aunque el Gobierno aún no ha brindado una explicación clara sobre cómo se permitió la publicación de un documento con semejante lenguaje discriminatorio.
La discusión sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de discapacidad en Argentina vuelve a estar sobre la mesa. Mientras las organizaciones siguen exigiendo la derogación de la resolución y la adopción de un enfoque inclusivo, la sociedad observa con atención cuáles serán los próximos pasos del gobierno en esta materia.
EFE
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