De Videla a Macri

Por Matías Rodríguez*

Antes del descargo mediático de Cristina Fernández, algunos comunicadores y catedráticos intentaron instalar una comparación entre el fiscal del “Juicio a las Juntas”, Julio Cesar Strassera y el fiscal de la Causa Vialidad, Diego Luciani

Las comparaciones son siempre caprichosas y mucho más lo son cuando se quita un hecho histórico de contexto y se lo trae al presente. Esto último es contra fáctico y siempre es utilizado para validar interesadamente un argumento en la disputa política y comunicacional del presente.

El Juicio a las Juntas realizado en la década del 80’ en el gobierno de Raúl Alfonsín, es un hecho inédito en la historia mundial: nunca los crímenes de lesa humanidad fueron juzgados por un tribunal civil. Poner el homicidio, la tortura, la desaparición y la apropiación de bebés al nivel de la corrupción en la obra pública resulta más que sorprendente. Y llama más aún la atención cuando dichas comparaciones provienen de la pluma de periodistas o intelectuales que sufrieron el exilio o de constitucionalistas que saben lo poderoso del “Nunca Más” y su influencia sobre historia de la república recuperada en 1983.

La corrupción degrada a la democracia desde adentro, la debilita y la expone a cuestionamientos sobre su existencia misma, esto último representa un peligro que nos pone siempre al borde del fascismo. Por ahora tenemos anticuerpos para defendernos de las amenazas al sistema de representación que elegimos desde la recuperación democrática, pero si seguimos con estos niveles de corrupción podemos hacerla implosionar nuevamente.

El fiscal Luciani argumentó que el artículo 36 de la Constitución Nacional “es un texto notable porque condena severamente los actos de fuerza contra el orden constitucional y que quien atenta contra el sistema democrático e incurra en un grave delito doloso contra el Estado que lleve al enriquecimiento personal”. Nadie, en su sano juicio, podría ir en contra de estas afirmaciones. Sabemos que el robo al erario público constituye un delito y además una deficiencia moral de cualquier funcionario público. Pero equiparar eso a militares que usando la fuerza torturaron, mataron y robaron es, cuanto más, una exageración que solo sirve para confundir y degradar conceptos que no están en discusión.

En lo que sí estamos de acuerdo es en la necesidad de una sanción ejemplificadora que no es “proscriptiva” como dice la ex presidenta, ya que es lógico e imprescindible que quien comete un delito contra el Estado sea alejado de la función pública por un tiempo.

Ahora bien ¿Puede pedir esto un fiscal que nunca debió participar de esta causa por su vinculación con el ex presidente cuyos amigos u socios están presentes con un rol protagónico en esta controversia?

El poder judicial es quizás el más técnico de los tres, requiere precisiones y debería estar alejado todo lo posible de los intereses partidarios y económicos. Una sociedad en decadencia y degradada se lleva puesta todas sus instituciones y es la justicia la que más presiones sufre y la que más permeable resulta frente a la fuerza del poder económico.

A pesar de todo esto y con lo brutal que resulta la debilidad y complicidad de muchos funcionarios judiciales, la justicia argentina puede sentar en el banquillo a una ex presidenta y vice presidenta en ejercicio para que rinda cuentas. Eso nos aleja de comparaciones interesadas, es el vaso medio lleno que nos permite procesar en clave democrática hechos de corrupción como los denunciados.

Un “Nunca Más” de la corrupción como fue enunciado recientemente es una simplificación infantil y pueril. La época mas horrorosa de la historia argentina reciente y un juicio ejemplar no puede ser comparado con un juicio por corrupción en la obra pública, con deficiencias argumentales y procesales.

Los males de esta época son la falta de ejemplaridad, pero no solo solo en el ámbito de lo público sino también en el privado. Hay quienes cobran, pero también quienes pagan esas coimas. Un sistema que lleva décadas, con el que hay que acabar y ello requiere transparentar las reglas de juego en la contratación de la obra pública. Calidad democrática y desarrollo van de la mano.

Judicializar la política es tan peligroso que nos coloca siempre en un lugar complejo, porque la política retrocedió y empantana todo, eso nos llevó a este callejón sin salida en el que descreemos de la justicia y de la política con la misma intensidad.

La batalla que se libra en los medios de comunicación resulta más importante que la del expediente, por eso el fiscal espectacularizó su alegato, por eso algunos se atreven a compararlo con Strassera y por eso la vice presidenta hizo una cuasi cadena nacional para defenderse. Cuando juega tanto el Lawfare ya no sabemos dónde está la verdad.

Y lo que es más peligroso es que nadie se salva de la mancha, y la velocidad con la que consumimos la información nos aleja cada vez más de lo ejemplar que tendría que ser nuestra dirigencia.

¿Será que la verdad ya no importa? ¿Será que estamos llegando a los 40 años de democracia y ya no creemos en que hay buenos y malos?

*Periodista

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