POLÍTICA

Clave para entender por qué Milei eliminó la capacidad de la UIF para querellar en causas de lavado.

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En medio de la recesión más brutal en décadas, el gobierno de Javier Milei avanza en una dirección clara: desmantelar el Estado. Esta semana, con el Decreto 274/2025, el régimen libertario eliminó la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para querellar en causas de corrupción y lavado de activos. En criollo: el Estado ya no podrá actuar como parte acusadora en causas donde se investiga el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el modelo Milei necesita plata, y no le importa de dónde venga.

El argumento oficial es burocrático y cínico: “superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal” y “optimización de recursos”. Pero la traducción política es mucho más clara: quitar controles para que entren capitales sin preguntar de dónde vienen, especialmente en un momento donde el gobierno necesita desesperadamente sostener su bicicleta financiera.

No es casual. Como dijo la ex titular de la UIF, María Eugenia Talerico, “quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores de dinero ante la Justicia”. No se trata de una reforma técnica, sino de un avance deliberado contra el sistema antilavado, un gesto a los capitales opacos que busca seducir el gobierno. Una señal al mundo: vengan, que no vamos a mirar de dónde salió la guita.

Lo más alarmante es el contexto. Mientras el Gobierno busca “inversores”, ya hay denuncias por información privilegiada, compra anticipada de dólares a precio vil y vínculos oscuros entre la política y los mercados. La hermana del Presidente, Karina Milei, fue denunciada por malversación de fondos y se supo que tenía conocimiento anticipado sobre la devaluación. A la par, el Banco Central vendía dólares a $1.000 que, días después, valían $1.230. Todo, mientras se niega la devaluación y se habla de «flotación administrada».

Por eso, eliminar la querella de la UIF no es una medida aislada: es un blindaje para el saqueo. Una forma de garantizar impunidad para los que lavan, fugan o compran voluntades políticas. Para los más crítios, es abrir la puerta a los servicios de inteligencia, al espionaje ilegal y a la utilización de la inteligencia financiera para extorsionar o disciplinar ciudadanos.

Además, el Gobierno ordenó que la UIF no se retire de causas sensibles como Hotesur, Los Sauces o Cuadernos, pero sí se limitará a una “postura pasiva”. Es decir: estarán, pero no molestarán. El argumento de “no interferir con los fiscales” es solo una pantalla: el objetivo es no incomodar a nadie, ni al kirchnerismo, ni a los nuevos aliados del oficialismo.

¿Y cuál es el objetivo final? Facilitar la llegada de capitales sin controles, garantizar impunidad para los negocios turbios y evitar que los organismos del Estado puedan intervenir cuando se investigue lavado o corrupción. El sueño húmedo del libertarismo: negocios sin Estado, justicia sin testigos, mercado sin ley.

Mientras tanto, los números hablan por sí solos: 196% de inflación acumulada, 216% de devaluación, 20 mil millones de dólares de nueva deuda con el FMI y una pobreza que ya supera el 50%. En este contexto, el “decreto de la impunidad” completa la obra: permitir el saqueo, sin testigos y sin consecuencias.

No es una “reforma técnica”. Es una declaración de principios: el ajuste no se toca, los ricos no se investigan, y la única libertad que importa es la de fugar capitales.