Choque entre Kicillof y Milei por la Inteligencia Artificial: regulación vs. desregulación en Argentina

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La resolución 9/2025 convierte a Buenos Aires en la primera jurisdicción del país en establecer controles obligatorios para el uso estatal de IA. El Gobierno nacional, en cambio, avanza hacia un horizonte liberal y promete convertir a la Argentina en un hub tecnológico con iniciativas como el proyecto de OpenAI. El Congreso se prepara para una batalla política que definirá el marco normativo nacional.

El avance acelerado de la Inteligencia Artificial en la vida pública y privada abrió un nuevo capítulo en la disputa política entre Axel Kicillof y Javier Milei. Esta vez, el contrapunto gira en torno a la regulación —o desregulación— de la tecnología que promete transformar el Estado, la economía y las relaciones sociales en los próximos años.

Con la resolución 9/2025, publicada días atrás, la provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción del país en establecer reglas obligatorias para el uso de IA dentro de la administración pública. El texto, firmado por la Subsecretaría de Gobierno Digital, obliga a que cualquier organismo que desarrolle, contrate o implemente sistemas de IA realice una evaluación preliminar de riesgos y clasifique sus herramientas en cuatro categorías: riesgo inaceptable, alto, limitado o nulo.

Además, se crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial a cargo de la Dirección de Innovación Digital, donde deberán inscribirse todos los proyectos vinculados a esta tecnología. La iniciativa apunta a prevenir sesgos, proteger derechos y garantizar transparencia cuando una persona interactúa con interfaces automatizadas del Estado.

El enfoque bonaerense se diferencia de otras regulaciones sectoriales recientes: abarca a la totalidad del entramado estatal, desde ministerios hasta organismos autónomos, y se alinea con marcos internacionales como los discutidos en la Unión Europea, Australia o países latinoamericanos.

La visión libertaria: desregulación y megainversiones

Mientras tanto, la Casa Rosada impulsa un camino diametralmente opuesto. El Gobierno nacional sostiene que la clave para el desarrollo argentino es consolidarse como un hub regional de Inteligencia Artificial, apoyado en infraestructura de gran escala, atracción de capitales y libertad regulatoria.

En la antesala de las elecciones de octubre, el mileísmo celebró un anuncio resonante: la intención de OpenAI de invertir en la Argentina para desarrollar un centro de datos de magnitud inédita, conocido informalmente como “Stargate Argentina”. Aunque el proyecto aún está en evaluación, funcionó como un símbolo del rumbo propuesto por el oficialismo: facilitar la llegada de inversiones y permitir un ecosistema más flexible para las empresas tecnológicas.

Para Milei, la regulación excesiva podría frenar startups, limitar la innovación y golpear el potencial de crecimiento en un sector estratégico para el país. Por eso, su administración mantiene una postura que privilegia la desregulación y confía en el dinamismo del mercado.

La batalla legislativa que se avecina

La disputa también comenzó a tomar forma en el Congreso. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva emitió un dictamen de mayoría sobre el proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Gollán, que propone un marco legal integral para el desarrollo y uso responsable de IA en todo el país.

A diferencia de la normativa bonaerense, esta iniciativa no se limita al sector público: apunta a todo el ecosistema tecnológico, desde empresas hasta instituciones educativas, bajo principios éticos y de derechos humanos.

El oficialismo nacional ya anticipó cuestionamientos: teme que un marco demasiado rígido frene emprendimientos emergentes y afecte la competitividad. Por eso, la regulación de Kicillof podría transformarse en el primer paso de una disputa que escale a nivel federal.

Con dos modelos antagónicos y una tecnología que avanza más rápido que la política, la Argentina entra en una era algorítmica en la que el debate sobre la regulación no solo tendrá impacto institucional, sino que definirá el rumbo económico del país.