sábado 21 de julio de 2018 - Edición Nº2246
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Salud

Las instituciones no tienen conciencia

Si bien la objeción de conciencia (O.C) no es un concepto unívoco puede ser descripta como la oposición de una persona -por motivos morales, éticos y/ o religiosos- al cumplimiento de un deber jurídico.


Por:
Bioeticar

La O.C. no está regulada de manera específica, se fundamenta en la protección de la libertad ideológica y de pensamiento y sólo puede entenderse como una excepción respecto al deber a cumplir, que debe darse en situaciones concretas y específicas.

La O.C. en salud se sitúa en el núcleo de la relación médico paciente como una condición necesaria para garantizar la libertad e independencia del ejercicio profesional, sin que por ello se vea debilitado el derecho a la salud.

La O.C. puede ser formulada, por una persona física, mayor de edad y en condiciones de expresarse libremente. Es por ello que a las instituciones tanto públicas como privadas no se les reconoce aptitud para objetar conciencia dado que la “conciencia” por definición es:

  1. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
  2. Conocimiento interior del bien y del mal.
  3. Conocimiento reflexivo de las cosas.
  4. 4. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.
  5. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.

Además, es necesario recordar que el derecho a la atención sanitaria no puede verse menoscabado en ninguna situación.

Las instituciones de salud deben asegurar el cumplimiento de los derechos de los pacientes y adecuar su funcionamiento al marco jurídico vigente. En caso de existir un conflicto deberán arbitrar las medidas necesarias que garanticen las prestaciones para velar por el bienestar y la seguridad del paciente.

El problema principal que plantea la O.C se debe a la tensión que se produce entre la decisión del objetor y la privación de un derecho del paciente que tal conducta provoca.

El Estado es el que debe diseñar políticas y regular con pautas claras el acceso de la población a todas las prácticas concernientes a la salud y a la vigencia de los Derechos Humanos. A su vez, no puede permanecer indiferente frente a las convicciones de los profesionales del ámbito sanitario.

Por ello, se hace necesario establecer un marco conceptual de la objeción de conciencia que la limite a:

  1. Una manifestación personal y explícita, derivada de un derecho individual.
  2. Subjetiva, nunca podría ser institucional.
  3. Anticipada y exigible al profesional antes de la implementación de un protocolo o previa al ingreso a un servicio.
  4. Pública, es decir que se debe garantizar a los usuarios el derecho a la información, sin que ello conduzca a posibles discriminaciones.

Como hemos dicho, la O.C. deriva del ejercicio de la libertad, libertad que en sociedades democráticas debe estar estrechamente identificada con el sentido de responsabilidad. La libertad del profesional de la salud no puede derivar en un daño o perjuicio del paciente. La legislación es la que debe establecer los límites y el marco jurídico para que la libertad de unos no termine afectando derechos de otros.

Por ello, cabe preguntarse ¿es suficiente que alguien se oponga al cumplimiento de una norma sin dar razones que lo fundamenten? Aun fundamentando las causas de su objeción, ¿cualquiera es válida? Aceptar que cada uno podría alegar razones de conciencia sin ningún tipo de límites implicaría convertir a las leyes y a las normas en meras sugerencias. Por otro lado, en sociedades plurales conviven personas de múltiples creencias religiosas, políticas y culturales. Todo esto hace necesario especificar las posibles razones que pueden dar lugar a la O.C.

La profesión médica implica un compromiso público de atender a los pacientes de acuerdo con un código de ética profesional. Para ejercer la medicina no solo se debe adquirir un título universitario, sino que también se requiere de una habilitación otorgada por las autoridades sanitarias, siendo una profesión regulada en la cual los profesionales gozan de una especie de monopolio para el ejercicio profesional, solo ellos pueden brindar prácticas y asistencia médica.

En conclusión, el objetor realiza un acto íntimo y personal, no es una conducta grupal ni colectiva y la O.C. debe prever las consecuencias que se derivan de su reconocimiento para que los pacientes no sean abandonados ni menoscabados en sus derechos.

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