sábado 19 de agosto de 2017 - Edición Nº1911
Noticias de la Aldea » OPINIÓN » 31 may

Justicia

Penar el comportamiento ilegítimo de las empresas


Por:
Diego Mestre*

¿Puede una empresa ser condenada de igual manera que un individuo? ¿El comportamiento fraudulento de un individuo puede determinar la criminalidad de una empresa? ¿Las empresas “matriz” tienen responsabilidad si las subsidiarias cometen un ilícito? ¿Qué ocurre cuando el fraude empresario se produce con fondos públicos? ¿Bajo qué leyes pueden ser juzgadas y condenadas las empresas transnacionales? Estos son algunos de los interrogantes planteados de manera súbita, a causa del caso Odebrecht, una corporación construida, aparentemente, bajo las premisas del tráfico de influencias, el cohecho y compra de funcionarios en los diferentes países en los que opera. Igual que una franquicia, los procedimientos fraudulentos de este gigante brasilero parecen haber sido replicados a lo largo de Latinoamérica y ha puesto bajo la lupa la calidad institucional y solidez jurídica de los países en los cuales pasó desapercibido—hasta ahora—ese  modus operandi.

Existe un aforismo latino: societas delinquere non potest. Significa: la empresa, la sociedad, no puede delinquir. Hasta hace pocas décadas, esto era afirmado de manera categórica. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y la increíble complejidad de las estructuras societarias nos llama a un cuestionamiento de los antiguos paradigmas. La mayoría de los países sancionan a las empresas utilizando leyes del derecho administrativo y civil.

Nuestro desafío como legisladores es introducir una norma de peso que prevenga los delitos y castigue a los delincuentes y a las corporaciones. En los últimos días, el Congreso de la Nación comenzó a debatir la manera de prevenir y castigar el fraude corporativo. Estamos buscando una herramienta que regule, determine y establezca parámetros claros con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y de más está expresarlo: necesitamos de esa ley con urgencia.

Las compañías transnacionales como Odebrecht son producto de la globalización y el libre comercio sin restricciones ni responsabilidades claras. En muchos casos, la propiedad de una empresa de este calibre es difícil de determinar debido a la gran cantidad de acciones divididas en una cantidad variable de accionistas distribuidos a lo largo del globo terráqueo, que a su vez reciben dividendos de un directorio que también resulta variable y geográficamente disperso. A veces, las empresas se fragmentan, transforman su estructura de manera camaleónica y delegan poder hacia subsidiarias que acaban impidiendo el proceso de un gran número de delitos. Esta es la compleja interfaz de los negocios internacionales, que se han multiplicado por causa de los adelantos tecnológicos y la necesidad permanente de abrir mercados para continuar la obligada senda de crecimiento.

La ley que estamos analizando busca juzgar de manera independiente a la empresa y a los que pudieran intervenir en el delito. En otras palabras, introduce el principio de “independencia de las acciones”. Para las personas físicas que intervengan, la ley—complementaria del Código Penal—determina penas que pueden llegar a la reclusión. Para las empresas, en cambio, habrá multas que varían entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos, 

suspensión de sus actividades, marcas y patentes, subsidios y hasta cancelación de la personería jurídica. Establece además, que el producido de las multas sea dividido en el Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Salud. Sanciona tanto a la empresa que ocasiona el delito como aquella que se beneficia y tiene penas especiales para el “cohecho transnacional” a funcionarios públicos, como sería, en apariencia, el caso Odebrecht.  

Cuando las tasas de retorno lo ameritan, ciertas personas jurídicas deciden prescindir de sus escrúpulos y arriesgarse a cometer todo tipo de fraudes para quedarse con el botín. Este fenómeno de empresas criminales ha dado origen a regímenes jurídicos que tienen como objetivo prevenir o castigar ese comportamiento. El caso Odebrecht podría ser la “punta del iceberg”. El desafío es inmenso porque las herramientas legales que propongamos deberán ser iguales de modernas que los métodos empleados por las corporaciones para cometer delitos. El momento es ahora.

*Diego Mestre Diputado Nacional

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