lunes 24 de abril de 2017 - Edición Nº1793
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Fraude millonario en Concepción: un fiscal halló pruebas contra Morelli, ex funcionarios y empleados

La Justicia Federal de Tucumán encontró numerosas evidencias que acreditarían maniobras fraudulentas por parte del ex intendente de Concepción y otras once personas. La causa fue remitida al fiscal Camuña


Por:
Redacción NdLA

Fondos de programas nacionales que se desviaron aparentemente para otros fines, capacitaciones que nunca se realizaron y una cooperativa plagada de irregularidades arrojarían un presunto fraude al Estado nacional de $29.467.400 cometido durante la gestión del exintendente de Concepción, Osvaldo Morelli.

 Al finalizar sus investigaciones preliminares, a las que tuvo acceso periódicomóvil.com, la justicia federal encontró numerosas pruebas que acreditarían maniobras fraudulentas por parte de la anterior administración municipal de la Perla del Sur a cargo de Morelli. Por ello, el 25 julio pasado se remitieron actuaciones al fiscal federal Nº2 de Tucumán, Pablo Camuña, para que inicie las actuaciones correspondientes contra el exjefe municipal (actual legislador oficialista del Bloque Tucumán Crece) y otras once personas, entre exfuncionarios y empleados, involucrados en los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Además de Morelli, en las supuestas maniobras están involucrados María Alejandra Mendoza (ex secretaria privada de Morelli); Ariel Juan Carlos Mendelek (ex secretario de hacienda de Concepción); Sergio Orlando Muro (ex contador general de Concepción); Duilio Enrique Guzmán (ex tesorero general interino de Concepción); Juan Antonio Ahumada, Julio César Salcedo, Marcelino Ahumada, Gerardo Luis Miguel Díaz y Guillermo Ferreira (integrantes de la Cooperativa Miguel Lillo); Franco Morelli (responsable técnico de la Cooperativa Miguel Lillo) y José Daniel Ávila (ex responsable de otorgar las obras en la Municipalidad de Concepción).

La investigación preliminar del Fiscal General Gustavo Gómez se inició  el 20 de mayo pasado a raíz de la denuncia que presentaron el actual intendente de Concepción, Roberto Sánchez (UCR), y el secretario de gobierno, Julio César Herrera, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos nacionales provenientes del “Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo; del “Fondo Federal Solidario” y del plan “Más cerca: Más municipio, Mejor país, Más patria”.

Cheques “en blanco” a cuatro días de las elecciones

Cuatro días antes de las elecciones del 23 de agosto de 2015, cuando se renovaba la totalidad de las autoridades municipales y provinciales, funcionarios contables de la gestión anterior, Sergio Muro, Duilio Guzmán y Ariel Mendelek retiraron de la Tesorería General de la casa central del Banco del Tucumán $ 8.000.000 correspondiente a la cuenta corriente n° 20000272/3. “Este monto fue percibido a través de cuatro cheques por la suma de $ 2.000.000 cada uno, sin imputarlo al pago de algún concepto”, detectó Gómez.

A esto se suma –agrega el fiscal- que en el mismo mes se libraron 2.069 cheques por $600 cada uno los cuales fueron entregados a gran cantidad de personas, por un monto total de $ 1.241.400 correspondiente a la misma cuenta, sin existir motivación ni explicación alguna que justifiquen su emisión.

 “La maniobra fraudulenta aquí descripta, de acreditarse, ha lesionado los fondos públicos en sí, ya que el dinero extraído de la cuenta corriente n° 20000272/3 pertenecía al Fondo Federal Solidario y tenía por objeto financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales de provincia y municipios, cuestión ésta que no aconteció”, sentenció el fiscal al remitir sus actuaciones preliminares al fiscal Camuña.

Cooperativa “trucha”

Otra maniobra fraudulenta se habría realizado a través de una cooperativa plagada de irregularidades, según los resultados arrojados por la investigación de Gómez. En primer lugar, estaba integrada por personal de planta permanente de la municipalidad de Concepción, sin soporte documental, en lo que respecta a los estados contables, sin la presentación del estatuto social a la Municipalidad de Concepción, los libros exigidos por ley, ni el certificado de “normal funcionamiento” otorgado por el IPACYM

Se trata de la Cooperativa Miguel Lillo que tenía que haber ejecutado obras que estaban financiadas con fondos nacionales del plan “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, y que nunca se habrían realizado.

 “La contratación entre la cooperativa y la municipalidad mencionadas se habría realizado al margen de la legalidad. Ello, en razón de que el responsable técnico de la primera en el desarrollo de las obras sería Franco Morelli, hijo del ex intendente Osvaldo Morelli, y por el lado de la segunda el encargado de otorgarlas sería José Daniel Ávila, quién a la postre resultaría ser socio en la actividad privada del nombrado primeramente, arrojando de esta manera un triángulo de incompatibilidades”, expresa en uno de los argumentos del fiscal.

A esto se suman anomalías relacionadas con el manejo del dinero. El fiscal estimó que “la ilegal puesta en escena” habría arrojado como resultado un perjuicio a las arcas de la Nación de $20.000.000.

Capacitación fantasma

El fiscal también investigó irregularidades vinculadas con capacitaciones que debía realizar la Municipalidad de Concepción en el marco del programa “Introducción al Trabajo” (CIT Territoriales) durante 2015 (de junio a agosto), financiado con fondos nacionales del “Plan Jóvenes con más y mejor trabajo”.

“Nunca se ejecutaron las capacitaciones en cuestión. A su vez, de acuerdo a un relevamiento realizado a raíz de una rendición de cuentas para la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (organismo contralor), se constataron diversas anomalías relacionadas con el manejo del dinero acreditado en una cuenta del Banco Nación a tales fines: el pago a docentes capacitadores; servicios de ‘catering’, refrigerios y ‘lunch’ y artículos de librería”, concluyó Gómez.

Fuente:Periodico movil

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