miércoles 29 de marzo de 2017 - Edición Nº1767
Noticias de la Aldea » OPINIÓN » 21 nov 2015

Tabaco, Estado y Autonomía


Por:
Laura Andrea Massaro *

Tras el rechazo dela Corte Supremade Justicia de la demanda contra una tabacalera a causa de la muerte de un fumador, el debate acerca de la intervención del Estado, a través de medidas públicas, para proteger y garantizar la salud, vuelve a tomar relevancia en la sociedad y nos invita a reflexionar acerca de las implicancias de nuestras acciones.

Desde hace décadas, el consumo de tabaco es una de las grandes preocupaciones de la mayoría de los Estados en pos de salvaguardar, a través de sus políticas públicas, la salud y el bienestar de su población.

Sin embargo, existen determinadas situaciones que van por fuera de dicho ámbito de aplicación y que incumben más a la esfera privada de los individuos que a las regulaciones internas que puedan dictarse. Esto así ya que como bien lo establece el art. 19 de nuestra Constitución Nacional, en aquellos actos que pertenecen a la esfera privada de cada sujeto, mientras no afecten o perjudiquen a un tercero, el Estado no debe intervenir.

El acto de fumar es, en principio, desde nuestro ordenamiento jurídico, un hecho lícito que responde a la autonomía de cada sujeto.

No obstante, cuando se produce el deceso de una persona por algunas de las enfermedades donde el cigarrillo podría ser un factor de riesgo, se instala el debate si tanto las tabacaleras - que elaboran y comercializan un producto (nocivo para la salud)- como el Estado podrían ser responsables.

Respecto de las tabacaleras, es dable mencionar que la producción y comercialización de tabaco es una actividad lícita; por lo que mientras cumpla y se ajuste a las normas de competencia leal y comercial no cabría cuestionamiento alguno respecto de su actividad.

Por otro lado, si bien es cierto que el consumo de tabaco afecta y es perjudicial para nuestra salud (ya sea que seamos fumadores activos o pasivos), lo cierto es que a través del Estado existen políticas públicas tendientes a luchar contra su consumo a través de medidas más agresivas y restrictivas. Así por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios públicos privados (bares, restaurantes, universidades, hospitales); los edificios libre de humo; la publicidad en el paquete de cigarrillos con imágenes y advertencias de los efectos o enfermedades a los que un fumador se expone cada vez que enciende un cigarrillo, son claras acciones que dejan de manifiesto la preocupación existente por parte del Estado -Ministerio de Salud -y de aquellos actores involucrados en cuidar, preservar y concientizar acerca del consumo de tabaco.

Ahora bien, qué sucede entonces con ese sujeto que pese a las medidas que el Estado implementa, en pos de velar por alcanzar el más alto nivel de bienestar (salud), decide no modificar su acto voluntario de fumar. Como fue expresado precedentemente, el hábito de fumar es un hecho voluntario donde la persona actúa con autonomía, esto es, con un plan libremente elegido, contando con la información relevante para ello. El sujeto se rige por sus propias reglas, por sus propias leyes, sus creencias, sus valores personales, es decir, con autonomía.

Resulta relevante transcribir lo que la CorteSupremade Justicia ha expresado al respecto en el reciente fallo[2] : “…que quien a pesar de conocer esta advertencia continúa fumando, obra con conocimiento del riesgo al que expone su salud, por lo que el daño resulta previsible y por ende, evitable…”

Todos somos responsables de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Tener la posibilidad de ejercer ese derecho puede traer aparejado consecuencias no deseadas o hasta impensadas (enfermedad, muerte) pero ello no implica delegar esa responsabilidad en otro.

Según estadísticas de la OMSel consumo de tabaco mata a casi 6 millones de personas cada año a nivel mundial, de los cuales 600.000 son fumadores pasivos[3].

En Argentina, 40.000 personas mueren cada año a causa de enfermedades donde el cigarrillo es uno de los factores de riesgo. Más de 30.000 jóvenes de 13 a15 años dejaron de fumar entre 2007 y 2012, lo que implica una reducción del consumo del 24,5% al 19,6%; En lo que a adultos se refiere, en 2005, el 29,7% de la población fumaba, mientras que en 2013 lo hacen el 25,1%. Así y en términos absolutos, un millón de personas aproximadamente dejaron de fumar en la última década, conforme surge del Ministerio de Salud[4].

Más allá de estos datos -alentadores por cierto- el debate sigue abierto y nos lleva a la necesidad de reflexionar ¿cómo juega, entonces, el ejercicio de la autonomía de la persona fumadora, con el derecho a la salud, su acceso al sistema de salud y la disposición de sus recursos para la cura o tratamiento de su enfermedad?

*Abogada/Grupo Bioeticar

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