En el pasado mes de junio la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el primer instrumento regional de su tipo en el mundo.

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Sin duda, se ha dado un paso muy importante al afirmar en un instrumento internacional que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Este reconocimiento, dentro de un enfoque de derechos, sitúa a las personas mayores como sujetos de derechos y no como objeto. La distancia entre ambos enfoques supone la posibilidad de exigibilidad y se aleja de una visión asistencialista de las políticas públicas. Un enfoque de derechos humanos en donde se reconoce la autonomía de las personas mayores presupone también una dimensión pública que tiene que ver con la participación activa en la organización de la sociedad y una dimensión personal que se expresa en la posibilidad de formular y realizar los propios planes de vida. En ambos casos, la autodeterminación y la libertad para decidir por sí mismo son la base del ejercicio pleno de los derechos.

Abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos conlleva una valorización de las contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.

En la actualidad, las personas de 60 y más años de las Américas representan el 14 % del total de la población del hemisferio - más de 135 millones de personas-. En 2030, dos de cada cinco personas tendrán 60 o más años, y en total habrá más de 215 millones de personas mayores en nuestra región.

Las personas mayores deben formar parte de la agenda política, no solo porque su peso relativo en el conjunto de la población aumenta rápidamente y son los ciudadanos de hoy y del futuro, sino ante todo para contribuir a su inclusión dentro de sociedades más democráticas y pluralistas.

La política y los políticos deberían tomar nota de este tema, aun demasiado invisible. Si realmente se quiere promover el enfoque de derechos humanos en los asuntos de las personas mayores, tal como parecen haberse comprometido los estados signatarios de la Convención, se hace imprescindible crear las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan que el ejercicio de esos derechos no sea ilusorio.

La extensión de la vida humana hasta el límite de su potencialidad biológica es uno de los fenómenos más asombrosos del mundo contemporáneo. Asumir ese desafío, sin duda, nos atañe a todos.

* Vice presidenta Bioeticar Asociación Civil - Presidenta Fundación SIDOM - Investigación y Desarrollo Gerontológico-