La reciente aprobación de la moratoria previsional en el Congreso tendrá un impacto directo sobre más de 800.000 personas que están en edad de jubilarse y que no logran completar los 30 años de servicios que exige la ley. Asimismo, tendrá un impacto indirecto en aquellas personas que cumplirán la edad jubilatoria en los próximos 10 años. La nueva moratoria se diferencia de las anteriores, ya que no se trata de una moratoria para regularizar aportes autónomos, sino que se completan aportes en relación de dependencia, lo que significa que el valor que se pagará por cada año de aportes es superior al de las moratorias anteriores y acompaña una mejor sustentabilidad del sistema. Además, ambos géneros pueden acceder al plan de regularización por igual y se prevé específicamente la posibilidad de que los trabajadores en actividad vayan analizando su futura jubilación y regularizando aportes, previendo los servicios que les faltarán para alcanzar el piso de 30 años que marca la ley.

El alto nivel de informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la adquisición de aportes a través de moratorias. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación. Desde 2016, se restringió el acceso a las moratorias, dejándolas exclusivamente para los segmentos de mayor vulnerabilidad. Por eso, aquellos que deseen regularizar aportes deben superar una evaluación socioeconómica que implica demostrar ingresos inferiores a un determinado monto, no poseer aeronaves, embarcaciones, inmuebles ni automóviles que superen una determinada valuación, ni consumos de tarjeta de crédito superiores a determinados montos.

Sin embargo, si la moratoria previsional funciona como un parche a la falta de control estatal sobre el trabajo "en negro", ¿qué reforma necesitamos implementar para que el sistema previsional argentino sea más justo y sustentable? En primer lugar, necesitamos un cambio cultural y aprender a planificar con tiempo, ya que los sistemas previsionales requieren planificación a largo plazo. En segundo lugar, necesitamos prepararnos para el cambio demográfico que se está produciendo en todo el mundo, donde se está desacelerando el crecimiento de la población mundial y en 2026 habrá más adultos mayores de 60 años que menores de 10. Resulta fundamental analizar qué rol cumplirán a futuro los sistemas de jubilatorios y cómo la creciente longevidad marcará el nuevo diseño de los mismos. También se debe debatir si la jubilación es el único instrumento de planificación financiera que debemos evaluar para nuestro retiro, considerando otros factores como la salud, la vivienda y el ahorro.