El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia.

Con un análisis crítico, las entidades norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”; y que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, no fue exhaustiva ni priorizó “documentar las violaciones de derechos humanos” durante las protestas que culminaron en represión y detenciones.

La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.

Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvo a personas recluidas, con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.

Además, el reporte recuerda que los “centros de atención sanitaria” o de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”. En el caso de Formosa, estos establecimientos impedía salir a las personas que estaban “bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”.

También se mezclaban a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.

Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.

El caso de Clorinda

El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.

Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”, donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.

“Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos”, planteó el comunicado de la ONG.

Además, se recordó el polémico pronunciamiento de Pietragalla que condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”, en el que apuntó también a la “campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos”. Frente a esos hechos, Human Rights Watch recomendó que el presidente Alberto Fernández avance en la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es independiente del poder ejecutivo y podría documentar y denunciar abusos.

“La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins”, concluyó el comunicado.

Fuente: Infobae